Un hombre de 50 años, nacido en Estados Unidos y de padre mexicano, espera en una prisión de Texas por su inminente ejecución, prevista para el próximo miércoles 28 de febrero.
A una semana de que se cumpla su condena, Telemundo conversó con Ivan Cantu, quien asegura que no quiere morir por un crimen que no cometió.
“Desde el primer día (…) estaba todo para investigar el caso y probar mi inocencia. Pero cuando lo expliqué no me creyeron”, comenzó señalando, agregando que “a menudo pienso en eso porque no me quiero morir”.
“Sólo faltan días para que quieran ponerme en una camilla (para recibir la inyección letal) por un crimen que no cometí. Estamos haciendo todo lo posible para presentar la información a las cortes, pero es como si no les importara”, continuó.
Cantu fue condenado a pena de muerte en octubre de 2001. Su ejecución ya fue aplazada en 2012 y 2023, pero las autoridades estadounidenses finalmente establecieron el próximo 28 de febrero como fecha definitiva.
El hombre, quien no habla español, sólo inglés, fue declarado culpable por el asesinato de su primo, James Mosqueda, y de su pareja, Amy Kitchen, quienes fueron baleados en noviembre de 2000.
Durante la entrevista con el citado medio, el condenado recalca que, según su versión, hubo irregularidades en el proceso, sosteniendo que la evidencia comprueba su inocencia.
“Estoy del otro lado de esta ventana porque la Fiscalía no investigó a fondo mi caso. Y cuando el Departamento de Policía de Dallas les presentó los documentos y las declaraciones falsas de los testigos y la narrativa falsa, lo tomaron al pie de la letra, no lo investigaron”, afirmó.
“Presentaron la información a un jurado y le pidieron que me condenaran. Y lo hicieron”, añadió.
Cantu también acusa que su pareja de aquel entonces, Amy Boettcher, quien lo delató por los asesinatos, mintió. “Llegó a decir que la llevé a la escena del crimen para ver los cadáveres. Y eso no es cierto”, señaló.
Joven crea máquina capaz de detectar el reggaetón y ataca los parlantes de quien lo está escuchando
Además, dice que los médicos forenses determinaron que los crímenes fueron cometidos el 4 de noviembre de 2000, no el día anterior como originalmente se estableció. “Eso muestra que no podía estar en la escena del crimen”, afirmó.
A pesar de alegar inocencia, su ejecución se llevará a cabo en una semana, siempre y cuando la Junta de Indultos y Libertad Condicional del estado de Texas no acepte su petición. Otra opción que le salvaría la vida es que el gobernador, el republicano Greg Abbott, detenga la medida.
Amnistía Internacional reaccionó frente a este caso, recalcando que leyes internacionales prohíben la pena de muerte a cualquier persona cuya condena no tenga “pruebas claras y convincentes que no dejen lugar a una explicación alternativa de los hechos”.
