Agencias de la ONU expresaron este martes su preocupación por el nuevo proceso de expulsión de 56 venezolanos que el gobierno chileno llevó a cabo el domingo, a pesar de los recursos judiciales presentados para evitar su deportación.
"Expresamos preocupación frente a un nuevo proceso de expulsión de personas extranjeras venezolanas, ocurrido el pasado 6 de junio", indicó un comunicado difundido este martes la Oficina para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), ACNUR, UNICEF y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
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El domingo pasado, 56 venezolanos fueron expulsados y subidos a un avión comercial arrendado por el gobierno chileno para trasladarlos hasta Caracas.
Una veintena de ellos habían sido condenados por delitos referidos a tráfico de personas, narcotráfico y robo con violencia y el resto había ingresado de manera clandestina a Chile, según informó el Ministerio del Interior.
Algunos de los venezolanos habían presentado recursos judiciales para evitar estas deportaciones, y denunciaron que fueron detenidos y expulsados durante el fin de semana, cuando no pueden defenderse ya que los tribunales chilenos están cerrados.
"Al llevarse a cabo el proceso de expulsión durante el fin de semana, se limita el acceso a la justicia de las personas que fueron afectadas por la medida, considerando que varias de ellas fueron expulsadas, a pesar de que su recurso de amparo estaba aún pendiente de resolución", indicó la ONU.
La justicia chilena ha acogido estos recursos pese a las críticas de autoridades del gobierno, quienes sostienen que las deportaciones se realizan bajo las normas del derecho internacional y con el conocimiento de las autoridades venezolanas.
"Nosotros tenemos una visión distinta: que todo aquel extranjero que quiere ingresar a Chile debe hacerlo por las vías formales, por los pasos habilitados. Debe hacerlo declarando a qué viene, hacerlo ojalá con la nueva ley, con el visado correspondiente", sostuvo Rodrigo Delgado, ministro del Interior.
Durante 2021, Chile ha llevado a cabo al menos tres procesos de expulsión de extranjeros, en su mayoría venezolanos, que ingresaron por pasos clandestinos por la frontera con Bolivia, en el inhóspito altiplano.
Al menos cinco personas murieron por cruzar esta zona hostil, con climas muy extremos y expuestos a bandas de tráfico de personas.
Si bien la ONU reconoce el derecho de Chile de hacer respetar sus fronteras, expertos en temas migratorios de este organismo han llamado al gobierno a considerar la suspensión temporal de las deportaciones o retornos forzados de migrantes, más aún bajo el contexto de la crisis del COVID-19.
