Tribunal Constitucional español suspende declaración independentista de Cataluña

El tribunal Constitucional español decidió este miércoles por unanimidad paralizar la resolución independentista aprobada el lunes por el Parlamento catalán al admitir a trámite el recurso del gobierno de Mariano Rajoy contra la declaración que inicia la ruptura con España.

Según informa el diario español El País, el pleno del Constitucional decidió comunicar nominalmente a los 21 cargos del Parlamento catalán que deben cumplir la decisión judicial. Según fuentes del tribunal, el Tribunal sólo advirtió a dichos cargos que "eventualmente" podrían incurrir en responsabilidades penales en caso de incumplimiento.

El gobierno de Mariano Rajoy interpuso este miércoles el recurso ante el Tribunal Constitucional pidiendo "la inmediata suspensión" de la resolución y "de todos sus efectos", según dijo Rajoy tras una conferencia de prensa en el palacio de La Moncloa, la sede del gobierno.

En su escrito, el gobierno reclamaba al Tribunal Constitucional que notificara "personalmente" este recurso a 21 autoridades catalanas, entre ellas la presidenta del parlamento regional, Carme Forcadell, el presidente saliente Artur Mas y los miembros de la mesa del Parlamento, un modo de advertirles de las consecuencias de desacatar la decisión de los magistrados. Sin embargo, el Tribunal no acogió ese punto. 

Aquellos que promovieron la resolución quieren "acabar con la democracia y el Estado de derecho (...) quebrar la unidad española y la convivencia", aseguró Rajoy. "No lo voy a permitir" y "cuento con el respaldo de la inmensa mayoría de los españoles", dijo Rajoy que intenta erigirse como garante de la unidad de España a 40 días de las elecciones legislativas del 20 de diciembre, según informa la agencia France Presse. 

Los independentistas, con una mayoría absoluta en el parlamento catalán tras las elecciones regionales del 27 de septiembre, quieren culminar este proceso con la proclamación en 2017 de una república independiente en esta región nororiental de 7,5 millones de habitantes y con una quinta parte de la riqueza española.

La declaración, sin precedentes aunque también sin efectos jurídicos, declara que el parlamento regional "no se supeditará a las decisiones de las instituciones del Estado español, en particular del Tribunal Constitucional, al que considera deslegitimado y sin competencia".