Acusan que proyecto de conmutación de penas sería idéntico a texto hecho por abogada de violadores de derechos humanos de Punta Peuco
Acusan que proyecto de conmutación de penas sería idéntico a texto hecho por abogada de violadores de derechos humanos de Punta Peuco - Agencia Uno y Aton
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Un reportaje de investigación emitido por el programa Informe Especial de TVN generó fuerte impacto en el debate político tras revelar nuevos antecedentes sobre el origen del proyecto de ley que propone la conmutación de penas para internos de edad avanzada.
Según la investigación periodística, la abogada Carla Fernández Montero, defensora de condenados por violaciones a los derechos humanos recluidos en Punta Peuco, habría elaborado el borrador del proyecto que hoy se tramita en el Congreso y que podría beneficiar a sus propios defendidos. La iniciativa fue presentada oficialmente el 30 de enero de 2025 por el senador Francisco Chahuán.
El documento difundido por el reportaje presenta una coincidencia prácticamente total con el texto legislativo ingresado al Senado, lo que ha abierto cuestionamientos sobre el proceso de elaboración de la propuesta.

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Coincidencias entre el borrador y el proyecto de ley
De acuerdo con el análisis presentado en el reportaje, el proyecto presentado en el Congreso reproduce punto por punto el contenido del borrador atribuido a la jurista.
Fernández representa legalmente a diversos internos condenados por violaciones a los derechos humanos en el penal de Punta Peuco, entre ellos figuras como Álvaro Corbalán quien cumple cadena perpetua y otras condenas por las que suma 100 años de cárcel, Miguel Krassnoff, condenado a más de 1.060 años de cárcel por secuestro, tortura y desaparición de personas y Raúl Iturriaga, condenado a 515 años por crímenes de lesa humanidad ocurridos en dictadura.
El reportaje sostiene que la propuesta legislativa podría beneficiar directamente a personas representadas por la abogada, lo que ha intensificado el debate en el ámbito político y jurídico.
Análisis de metadata refuerza la tesis del "copy paste"
Uno de los elementos más relevantes del informe periodístico corresponde al análisis técnico de metadata de los archivos digitales, al que tuvo acceso el equipo de 24 Horas.
De acuerdo con los datos obtenidos, ambos documentos habrían sido generados por el mismo autor, lo que refuerza la hipótesis de que el texto presentado en el Congreso se originó en el documento elaborado por la defensa de los internos.
El peritaje detalla que “el texto de la jurista fue creado a inicios de enero 2025 y el de Chahuán el 30 de enero de ese mismo año”, fecha que coincide con el momento en que el proyecto fue ingresado al Senado.
La iniciativa legislativa plantea beneficios para personas privadas de libertad de edad avanzada, pero su fundamentación hace referencia directa a los condenados por violaciones a los derechos humanos.
Entre los argumentos incluidos en el documento se señala que “la ficción jurídica del secuestro permanente ha permitido sostener de manera irracional que los criminales militares de antaño incluso hoy mantienen conductas contrarias a derecho”.
Según el reportaje, la única diferencia significativa entre el borrador y el texto presentado por el senador radica en un cambio en el requisito de edad.
El documento inicial establecía el beneficio para internos desde los 70 años, mientras que la versión ingresada al Congreso eleva ese límite a 80 años, aunque permite sumar los años de cárcel cumplidos para alcanzar un mínimo equivalente a 70 años.

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Respuesta del senador Francisco Chahuán
Consultado por el reportaje, el senador Francisco Chahuán rechazó haber utilizado un documento redactado por la abogada defensora de los internos de Punta Peuco afirmando que la iniciativa no sería nueva dentro de su trayectoria legislativa.
“Es un proyecto que hemos presentado en cinco ocasiones anteriores”, señaló.
Respecto a las similitudes detectadas entre ambos textos, el senador sostuvo que “es muy probable que sea al revés”.
Tras las consultas realizadas por el equipo periodístico, el entorno del senador indicó que enviaría un proyecto presentado hace 17 años, el cual, según explicaron, serviría para demostrar que la iniciativa sería originalmente de su autoría. No obstante, de acuerdo con el reportaje, ese documento no fue remitido antes del cierre de la investigación.
Más tarde, pasadas las 21:00 horas, el senador envió una declaración reiterando su versión de los hechos, aunque sin aportar antecedentes que refutaran el análisis de metadata presentado en el reportaje.
Por su parte, la abogada Carla Fernández Montero declinó entregar declaraciones para la investigación periodística, según consignaron desde Informe Especial.

