Amenaza a la seguridad privada: Los recintos que sufrirían la baja de guardias por demoras en trámite
Más de 33 mil guardias y vigilantes aún no logran completar el proceso de acreditación exigido por la normativa, situación que podría dejar fuera de funciones a cerca del 10% de la industria.
Lo anterior se produce tras la implementación de la nueva Ley de Seguridad Privada, lo que encendió las alertas en el sector. Desde el Ejecutivo reconocieron dificultades en la puesta en marcha de la normativa, particularmente en los procesos de registro y certificación tanto de trabajadores como de empresas.
La subsecretaria de Prevención del Delito, Ana Quintana Victoria, explicó que muchos trabajadores no alcanzaron a completar los trámites necesarios debido a problemas operativos en la plataforma y en los sistemas de acreditación.
"La gente no tuvo la posibilidad, en el caso de quienes van a ejercer la seguridad como personas naturales, de encontrarse acreditados y certificados para poder ejercer sus funciones al 28 de mayo. Lo mismo ocurría con las empresas que no lograron subir sus estudios de seguridad, solo lo lograron tres de 3.700", señaló la autoridad.
Desde la Cámara Nacional de Seguridad Privada aseguran que uno de los principales problemas se concentra en la capacidad operativa para realizar las evaluaciones exigidas por la nueva normativa.
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"Nos encontramos con que se empezó a generar un cuello de botella en la toma de exámenes por parte de las oficinas de OS-10 de Carabineros. Tenemos oficinas de OS-10 en regiones, que tienen que tomar 70, 100 o 200 exámenes, y tienen dos computadores para poder llevar adelante esa tarea", afirmó Aldo Vidal, representante del gremio.
Los recintos que sufirían una alta baja de guardias
El problema de los guardias ocurre a pocas semanas de que venza el plazo legal establecido para regularizar las certificaciones, fijado para el próximo 28 de mayo.
Actualmente, el rubro de la seguridad privada reúne a más de 300 mil personas en todo el país, quienes cumplen labores en distintos recintos públicos y privados.
Si no se aprueba una prórroga, se generaría una fuga de personal en bancos, hospitales, retail, transporte de valores e incluso conciertos.
Para evitar ese escenario, el gobierno impulsa una ley corta que esta semana avanzó en la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, mientras algunos piden que la certificación deje de depender exclusivamente de carabineros.
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El diagnóstico, dicen, es claro. La implementación de la ley avanzó más rápido que la capacidad del sistema para certificar a toda la industria y si no hay acuerdo antes del vencimiento de los plazos, el problema podría terminar impactando directamente en la seguridad.
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