La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su condena "al uso excesivo de la fuerza en el contexto de las protestas sociales en Chile, los graves desmanes en el curso de algunas manifestaciones" y manifestó "su grave preocupación por el elevado número de denuncias de violaciones a los derechos humanos recibidas por los órganos del Estado desde el inicio de las manifestaciones".
El organismo -dependiente de la OEA y creado con el objetivo de promover la defensa de los Derechos Humanos en la región- llamó al gobierno a ordenar "el cese inmediato del uso desproporcionado de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad del Estado".
En este sentido, la entidad que envió una delegación a Chile hace algunas semanas recordó que la cifra de fallecidos durante las protestas ha ascendido a 26, de las cuales al menos 5 habrían sido por "acción directa de agentes del Estado y 2 bajo custodia del Estado en comisarías de Carabineros". A esto se suman más de 12 mil personas heridas y al menos 283 que presentan daños oculares, algunos con pérdida total de visión.
En cuanto a las indagatorias por presuntas violaciones a los DD.HH, existen 90 denuncias por desnudamientos forzados, 26 por violación o abuso sexual y 8 por amenazas de agresión sexual.
En materia de investigación, protección y promoción de los derechos humanos, la Comisión destacó la "sólida institucionalidad democrática y de derechos humanos presente en el Estado de Chile, que está permitiendo que las distintas denuncias de violación a los derechos humanos en el contexto de las protestas sociales, estén en proceso de investigación y sanción por las instituciones de justicia".
"En ese sentido, la CIDH nota la labor del Instituto Nacional de Derechos Humanos y de la Defensoría de la Niñez, que han recibido y registrado las distintas denuncias de violación de derechos humanos en el país. La CIDH también destaca la actuación independiente de las instituciones de justicia", agregaron.
El organismo dependiente de la OEA también manifestó su rechazo a actos violentos cometidos por manifestantes durante las protestas que se extienden desde hace 50 días.
"La CIDH reprueba que en determinadas circunstancias, grupos de manifestantes hayan provocado graves desmanes durante algunas manifestaciones, arrojando objetos contundentes contra efectivos de las fuerzas del orden, destruyendo equipamiento público como colegios, buses, trenes y estaciones de metro, protagonizando saqueos y otros tipos de agresiones, inclusive contra los bomberos", dijeron en la declaración publicada en su sitio web.
Con todo, recordaron que "las fuerzas de seguridad tienen la obligación de permitir el desarrollo de las manifestaciones y protestas y de aislar a los manifestantes que recurren a la violencia".
Proyecto sobre protección de infraestructura crítica
El organismo se refirió además al proyecto de ley anunciado por el gobierno para permitir que personal de las Fuerzas Armadas pueda resguardar "infraestructura crítica" sin tener que decretar un estado de emergencia.
"En este contexto, la CIDH recuerda que de conformidad con los estándares interamericanos, el mantenimiento del orden público y la seguridad ciudadana deben estar primordialmente reservados a los cuerpos policiales civiles. Sin embargo, cuando se tiene la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad, ésta debe de ser extraordinaria, subordinada y complementaria, regulada y fiscalizada", plantearon.
Finalmente, la entidad hizo un llamado a la sociedad chilena a "entablar un dialogo efectivo e inclusivo para abordar las demandas legítimas de la población, con el máximo respeto a los Derechos Humanos y en el marco democrático del Estado de Derecho. En ese sentido, la Comisión saluda a los esfuerzos de convocarse a una nueva Constitución".
El pronunciamiento de la Comisión Interamericana se suma al emitido por otros organismos internacionales respecto de la crisis que vive Chile desde mediados de octubre, cuando las jornadas de evasiones masivas en el Metro de Santiago activaron un movimiento mucho más amplio con demandas de mayor igualdad social.
El 26 de noviembre Human Rights Watch acusó un "uso excesivo de la fuerza" por parte de Carabineros de Chile y recomendó una reforma urgente a la institución uniformada. En medio de los cuestionamientos al uso de perdigones -y dudas respecto de la composición de los balines- la institución aseguró que había suspendido su uso durante manifestaciones, salvo en casos de extrema gravedad.
Una semana antes Amnistía Internacional denunció una "represión violenta" por parte de los agentes del Estado y atribuyó responsabilidades "al más alto nivel". Este último documento fue criticado por el gobierno, que aseguró que el organismo había emitido juicios "irresponsables".
