Defensa de Francisco Salvador asegura que denuncias por abusos corresponden a un "montaje"
La defensa de Francisco Salvador, exsacerdote de la Iglesia Ortodoxa de Antioquía en Chile sancionado por graves acusaciones de conducta inapropiada hacia mujeres de su comunidad, aseguró que las denuncias en su contra corresponden a un supuesto "montaje" y anunció que buscará revertir la sanción aplicada por las autoridades eclesiásticas.
El religioso perdió el estado clerical el pasado 22 de mayo, la sanción más severa contemplada por la Iglesia Ortodoxa, luego de una investigación interna que formuló siete cargos en su contra.
Entre ellos figuran relaciones adúlteras, insinuaciones sexuales reiteradas, conductas obsesivas, apremios físicos contra mujeres de la comunidad, violación del secreto de confesión y utilización indebida de fondos parroquiales.
La defensa de Francisco Salvador rechaza acusaciones y acusa montaje
Según consignó a Reportajes T13, el abogado Simón Parada representante de Francisco Salvador en el proceso eclesiástico, un peritaje habría concluido que las denuncias corresponderían a un montaje.
La parte defensora sostuvo que las denunciantes mantendrían conflictos previos con el exsacerdote al interior de la comunidad religiosa.
El exsacerdote señaló que un obispo proveniente del extranjero viajará a Chile para revisar los antecedentes del caso y garantizar un proceso justo e imparcial.
Además, indicó que solicitará autorización para entregar declaraciones públicas una vez que dicha autoridad eclesiástica revise los antecedentes.
Actualmente, Salvador mantiene una apelación ante las autoridades de la Iglesia Ortodoxa para intentar revertir la sanción que le impide ejercer funciones sacerdotales y acercarse a la parroquia Santísima Virgen María durante diez años.
Sin embargo, aún hay más en este caso: La propia Iglesia Ortodoxa presentó una denuncia ante la Fiscalía de Género Oriente por los presuntos hechos.
Según la legislación nacional, las mujeres adultas que hayan sido víctimas de delitos sexuales deben realizar ellas mismas una denuncia directamente ante las policías o el Ministerio Público.
