Denunciarlos por violar a menores: Revelan las amenazas que hacían prestamistas colombianos a sus deudores
La Policía de Investigaciones (PDI) logró desbaratar una peligrosa organización criminal dedicada a préstamos informales que operaba en al menos 12 comunas de la Región Metropolitana. La investigación permitió la detención de 16 personas, todas vinculadas a una banda de origen colombiano que utilizaba métodos de extorsión de alta gravedad para presionar a sus víctimas.
De acuerdo con los antecedentes reunidos por los equipos especializados, la red no solo intimidaba a los deudores mediante amenazas con armas de fuego, sino que también aplicaba una estrategia particularmente alarmante: la presentación de denuncias falsas por delitos graves. Entre estas, figuraban acusaciones inventadas por violación o abuso de menores, con el objetivo de generar órdenes de detención contra quienes se atrasaban en los pagos.
Falsas denuncias como mecanismo de control
La PDI estableció que los integrantes de la banda amenazaban con contratar a terceros para interponer denuncias falsas ante Carabineros. De este modo, las víctimas quedaban expuestas a controles policiales y detenciones, situación que facilitaba a los extorsionadores interceptarlas en las inmediaciones de cuarteles policiales para exigir el pago de las deudas.
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La investigación también reveló el uso de tecnología como herramienta de control. Los prestamistas obligaban a los más de 300 deudores a instalar una aplicación móvil que les otorgaba acceso total a información sensible, como registros de llamadas, contactos, ubicación en tiempo real por GPS, imágenes y aplicaciones instaladas en los teléfonos.
Con estos datos, la organización realizaba un seguimiento permanente de las víctimas, reforzando las amenazas que incluían incendiar viviendas o efectuar disparos si no se cumplía con el pago de cuotas diarias, caracterizadas por intereses abusivos.
El grupo operaba como una falsa financiera, captando clientes mediante la entrega de tarjetas en ferias libres y pequeños comercios de barrio. Las principales comunas afectadas fueron Estación Central, Independencia y Quinta Normal, entre otras.
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Además del delito de usura, la banda es investigada por extorsión, asociación ilícita y eventuales delitos vinculados a trata de personas, ya que se detectó el reclutamiento de individuos en Colombia, cuyos traslados y estadía en Chile eran financiados por la propia organización, quedando bajo su total control.
Actualmente, los 16 imputados se encuentran en prisión preventiva, mientras las autoridades reiteraron el llamado a evitar los préstamos informales. Desde la PDI advirtieron que este tipo de créditos, presentados como una solución rápida, suelen derivar en graves situaciones de violencia, amenazas y persecución constante.
