Diputados de oposición estudian acusación constitucional contra delegado Durán
Aton - Gonzalo Durán
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Las críticas políticas no se han hecho esperar luego de los hechos de violencia ocurridos en el Estadio Monumental, donde murieron una joven de 18 años y un niño de 12 antes del partido entre Colo Colo y Fortaleza. Ahora, parlamentarios de oposición evalúan una acusación constitucional contra el delegado presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán (FA), a quien responsabilizan por las fallas en el operativo de seguridad.
El diputado Henry Leal, jefe de bancada de la UDI, fue claro en señalar a diario La Tercera que “existen un conjunto de graves antecedentes que nos obligan a estudiar una acusación constitucional”. A su juicio, el delegado es uno de “los responsables por todo lo que ocurrió”.
El evento, que dejó a dos víctimas fatales tras ser aplastadas por una valla metálica en medio del caos en los accesos, ha puesto en cuestión el actuar de las autoridades. El conductor de un carro policial que habría pasado por encima de la estructura se mantiene en calidad de imputado.

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Desde RN, el diputado Eduardo Durán sostuvo que “aquí no falló solo la organización, falló la autoridad que debía proteger a las familias que fueron al estadio”, añadiendo que “esta no es una omisión menor, es una irresponsabilidad política”.
En la misma línea, Jorge Guzmán (Evópoli) criticó, en el mismo medio que, la planificación del operativo, señalando que fue “un rotundo fracaso”. Agregó que si se comprueba que las medidas de seguridad “fueron comunicadas apenas dos horas antes del encuentro, debe dejar de forma inmediata el cargo”.
Catalina del Real (Republicanos) también apuntó al rol de Gonzalo Durán durante los incidentes. “El delegado presidencial estaba presente disfrutando del partido mientras afuera habían turbas derribando las rejas”, afirmó, acusando un “claro abandono de deberes que amerita absolutamente su salida del cargo”.

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Por su parte, el diputado Roberto Arroyo (Partido Social Cristiano) expresó abiertamente su intención de respaldar la acción legislativa en caso de que se presente un libelo acusatorio. “Él no tiene los atributos, especialidades y no es experto para estar encargado de la seguridad de la RM”, aseguró.
A medida que avanzan los días, crece la presión política para que el Ejecutivo entregue explicaciones sobre lo ocurrido y revise las responsabilidades administrativas en torno a un operativo que, según la oposición, falló en todos los niveles.
