La presión del gobierno a los dueños de los terrenos de la toma de San Antonio, la más grande del país

Por qué importa. El ministro Montes indicó que el próximo lunes se reunirá con los dueños de los terrenos de la toma de San Antonio, la más grande del país, con el alcalde de la comuna y el subsecretario Luis Cordero con el objetivo de que “se evalúe el conjunto de condiciones que supone un desalojo”, consignó La Tercera.

• “Estamos tratando de encontrar una solución que puede resultar o no, dependiendo si los dueños aceptan”, advirtió Montes, añadiendo que el Gobierno quiere tener tasaciones antes de llegar a un acuerdo que contempla que los usurpadores -cuantificados en 10 mil- conformen cooperativas y adquieran los predios con sus recursos (y el aval del Estado, lo que no dejó claro).
• Un desalojo, indicó, “generaría una situación insostenible desde el punto de vista humanitario”.
• En el trasfondo de los dichos de Montes hay una negociación en el límite, donde la carga del conflicto está hoy puesta en las espaldas de los privados y no en quienes se tomaron el predio de 217 hectáreas.
• Un aspecto clave en este caso se relaciona con que Carabineros tiene el mandato constitucional de realizar el desalojo de las viviendas, pero no así otro conjunto de operaciones asociadas que tienen un alto valor, como el contratar maquinaria para demoler las cosas o cerrar los perímetros (en el campamento hay calles y conexiones ilegales al tendido eléctrico).
• El terreno comenzó a ser invadido en 2019, tras lo cual la Corte de Apelaciones de Valparaíso y la Suprema acogieron un recurso de protección de los dueños, cuyo último plazo para ejecutoriar -en teoría- expiraba el 31 de enero.
• Montes dijo que el dictamen no debía llevarse a cabo ese mismo día, lo que suponía que el Gobierno cayera de facto en una violación al estado de Derecho.

El escenario de los dueños. El fallo de la Suprema instruyó al Ejecutivo coordinar medidas para brindar refugio a los desalojados, lo que no está claro si se está llevando a cabo en el caso de que se cumpla esa hipótesis.

• Los dueños de los terrenos los tasaron, arrojando un valor de 1.184.058 UF, vale decir, más de $45 mil millones. Sobre la mesa solo tienen una policía que difícilmente pueda llevar a cabo un desalojo de 10 mil personas -se habla de que podría durar al menos 6 meses- y los costos asociados a la operación versus la oferta del Gobierno de mediar un acuerdo, pese a que aún ni siquiera se constituyen las cooperativas que hipotéticamente comprarían los terrenos.
• “El Estado y los dueños tienen incentivos para cerrar un acuerdo, pero los dueños tienen que gatillarlo”, señala una fuente de Gobierno.

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Los plazos. En el Ejecutivo calculan que a fines de este mes se debería ejecutoriar la orden de desalojo. Este lunes Montes conversó con uno de los dueños de los predios, de la Inmobiliaria y Constructora San Antonio, pero no se sabe si avanzaron o no en un acuerdo.

Telón de fondo. El ex presidente de la Tercera Sala de la Suprema Sergio Muñoz sentó doctrina en la agilización de desalojos de tomas, al aceptar recursos de protección que no siempre tenían luz verde.

• En este caso, los tribunales han reconocido que se ha vulnerado flagrantemente los derechos de propiedad en la toma de San Antonio (aunque aún no está claro si sus dictámenes se pueden ejecutoriar en los hechos).
• Para algunos, el criterio del Gobierno de aplazar los desalojos, instando a las partes a alcanzar acuerdos, vulnera los derechos de las víctimas de la usurpación y puede constituir una señal alentadora para quienes protagonizan tomas de terrenos en el país, ya que la carga de la solución finalmente es traspasada a quienes tienen los derechos de propiedad.

Cronología. El primer fallo que ordenó el desalojo fue dictado por la Corte de Valparaíso el 23 de junio de 2023, acogiendo un recurso de protección de los propietarios. Dio 4 meses para desalojarla. Luego la Suprema ratificó el fallo, pero amplió el plazo a 6 meses.

• La Delegación Presidencial buscó a fines del año pasado extender el plazo por un año más, para así dar tiempo a que las negociaciones. La solicitud no fue aceptada.
• El 13 de enero, el Minvu indicó que “el Estado ha acompañado a ambas partes en la construcción de un camino para evitar el desalojo y siente bases de un proyecto habitacional”.
• El abogado de los dueños, Diego Pereira, indicó que el 31 de enero se cumplían los 6 meses para el desalojo otorgado por la Tercera Sala de la Corte Suprema, sin que la orden se haya concretado.

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