Gobierno pondrá urgencia a la ley para exigir test de drogas a micreros y conductores de buses
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El gobierno pondrá urgencia a la “Ley Alberto”, que busca obligar a los choferes de transporte público y privado a realizarse exámenes de drogas semestralmente.
El anuncio para retomar la discusión el proyecto se da a partir de la trágica muerte de Paloma Ulloa (19), una estudiante universitaria de Nutrición y Dietética que fue atropellada por una micro de la locomoción colectiva en Playa Ancha, Valparaíso, cuyo chofer conducía bajo los efectos de estupefacientes.
La diputada que presentó el proyecto, Carolina Marzán, se comunicó con el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, para pedir que se retome con urgencia la discusión en torno a la “Ley Alberto” que establecería la realización de test antidrogas periódicamente.
“El pasado 3 de noviembre me reuní con el ministro de Transportes para avanzar en este proyecto. Dialogamos respecto a los puntos que él consideraba más complejos y creo que fue una reunión bien positiva que permitiría este avance. Pero respecto a las indicaciones, que se van a necesitar, siempre me dicen que las están trabajando porque hay puntos complejos a nivel técnico que tienen que resolver”, dijo Marzán, según información de Emol.
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Los detalles de la ley que obligaría a choferes a tomarse test de drogas
El proyecto de ley surgió a partir del fallecimiento de Mauro Alberto Gómez, un adolescente de 14 años que murió el 13 de mayo de 2024, también en Valparaíso, en hechos similares a los de Paloma. El conductor responsable del atropello dio positivo a un examen de droga, específicamente de cocaína.
En detalle, la "Ley Alberto" propone "establecer una obligación para las empresas de transporte público y privado remunerado de pasajeros, de realizar controles periódicos preventivos a las y los conductores de los vehículos para detectar el consumo de drogas".
"Asimismo, se establece la obligación de informar a las autoridades pertinentes sobre la realización de estos controles de manera semestral y ante el incumplimiento de las obligaciones establecidas en el proyecto de ley, se aplicarán multas y sanciones, según corresponda", se explica en el proyecto de ley presentado en la Cámara de Diputados y Diputados.
Según el documento, el costo de los exámenes de drogas recaería sobre el servicio público o privado que tiene contratado al conductor y "las pruebas deberán ser realizadas con instrumentos certificados por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, conforme a las características técnicas que define su reglamento".
