Ordenan regreso del “Comandante Ramiro” a la cárcel de Rancagua: tribunal fijó plazo de diez días para su traslado
Agencia Uno - Ordenan regreso del “Comandante Ramiro” a la cárcel de Rancagua: tribunal fija plazo de diez días para su traslado
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Mauricio Hernández Norambuena, también conocido como “Comandante Ramiro” en el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, regresará al Complejo Penitenciario de Rancagua luego de una resolución judicial que acogió la solicitud presentada por su defensa.
Con ello, dejará el Recinto Especial Penitenciario de Alta Seguridad, donde había sido reubicado hace aproximadamente tres semanas.
El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago resolvió la medida y dio un plazo de diez días a Gendarmería para concretar el traslado.
De esta manera, el tribunal ordenó su retorno al establecimiento de Rancagua, donde ya había cumplido parte de su condena durante los últimos cinco años.
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La determinación judicial se da en medio de posiciones divididas dentro de Gendarmería. Por un lado, se planteaba la necesidad de mantener al exfrentista bajo un régimen de alta seguridad; por otro, se advertía que ciertas condiciones de su internación podrían vulnerar garantías fundamentales.
No obstante, el tribunal puso el foco en su estado de salud actual y en que las condiciones de su reclusión resguarden el respeto a sus derechos humanos.
Para resolver, la magistratura revisó informes del Departamento de Derechos Humanos de Gendarmería y del Instituto Nacional de Derechos Humanos. En ellos se describe a Hernández Norambuena como un adulto mayor que presenta distintas patologías médicas.
Bajo ese contexto, el tribunal recalcó que cumplir una condena no implica la pérdida del resto de los derechos fundamentales.
La decisión judicial se conoció semanas después de un informe del propio Departamento de Promoción y Protección de los Derechos Humanos de Gendarmería, que había sugerido su retorno a Rancagua. En ese documento se detallaban condiciones como el uso permanente de esposas, la exposición a bajas temperaturas dentro de la celda y la ausencia de acceso a programas de reinserción social.
Ese mismo informe advirtió además que el traslado previo había interrumpido tratamientos médicos que ya habían sido autorizados por la justicia.
