Quién es Víctor Sánchez, el gendarme acusado de liderar la red narco en la cárcel de Illapel
El nombre de Víctor Sánchez Fuentealba se encuentra actualmente en un papel crucial de una investigación por narcotráfico y corrupción al interior del Centro de Detención Preventiva (CDP) de Illapel: El sargento segundo de Gendarmería es apuntado por la Fiscalía como el líder de una organización criminal integrada por funcionarios públicos, internos y civiles que, presuntamente, ingresaba droga y teléfonos celulares al penal a cambio de dinero.
El caso, revelado por Reportajes T13, salió a la luz tras una investigación que se extendió por casi dos años y culminó con un megaoperativo que dejó más de 10 detenidos, entre ellos cinco gendarmes.
La indagatoria comenzó en julio de 2024, luego de una denuncia que alertó sobre una red de narcotráfico que operaba desde el interior del recinto penitenciario.
Víctor Sánchez, el presunto líder de la organización
Según la Fiscalía de Coquimbo, Víctor Sánchez era quien coordinaba al resto de los funcionarios involucrados para concretar el ingreso clandestino de droga y teléfonos al penal.
"Uno de los gendarmes en particular se pudo determinar que era la persona que operaba como líder de esta organización dentro de los funcionarios públicos", explicó el fiscal Ricardo Soto.
La investigación sostiene que Sánchez recibía los cargamentos y los ingresaba a la cárcel a cambio de pagos que podían alcanzar los $600 mil, dependiendo del volumen de la mercancía.
Uno de los antecedentes clave en la acusación corresponde a escuchas telefónicas obtenidas durante la investigación. En una de ellas, el gendarme conversa con un intermediario sobre depósitos y transferencias de dinero.
La cotidianidad con que se da la conversación daría a entender que es una práctica habitual.
En otra comunicación, un civil le consulta si puede rebajar el cobro por el ingreso de un "bulto grande", a lo que ambos negocian un pago de $600 mil.
La investigación apuntó al patrimonio de los involucrados
Además de las escuchas y las vigilancias, la Fiscalía analizó el patrimonio de los funcionarios investigados.
El fiscal regional Patricio Cooper explicó que detectaron bienes y un nivel de vida que no eran compatibles con sus remuneraciones como funcionarios públicos.
En el caso de Víctor Sánchez, los investigadores identificaron una parcela ubicada a pocos minutos de Illapel que, según la hipótesis del Ministerio Público, habría sido construida con dinero proveniente de las actividades ilícitas.
Mientras la Fiscalía sostiene que la red convirtió la cárcel en un punto de ingreso y distribución de droga, la defensa de los funcionarios detenidos rechaza las imputaciones y cuestiona la existencia de una asociación criminal, asegurando que no existen comunicaciones directas entre sus representados ni pruebas suficientes para acreditar los delitos imputados.
"Se nos acusa por un lavado activo de vehículos que valen $6 millones de pesos y fueron comprados con un crédito bancario, con un crédito automotriz. ¿De qué lavado de activos me hablan?", planteó la defensa.
Además, rechazó que se les acusa "de una asociación criminal en donde mis clientes no tienen mensajes entre ellos, escuchas telefónicas entre ellos, escucha telefónica con internos, o sea, de qué asociación criminal finalmente la fiscalía nos habla".
