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Servicio Jesuita a Migrantes denuncia a PDI e Interior ante la Contraloría por abandono de migrantes

Servicio Jesuita a Migrantes denuncia a PDI e Interior ante la Contraloría por abandono de migrantes
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Se trata de siete personas migrantes que fueron abandonadas en una carretera cercana a la localidad de Chañaral "en pleno desierto, con poca ropa, recursos escasos y sin orientación para retornar a su lugar de residencia".

El Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) denunció ante la Contraloría General de la República a la Policía de Investigaciones (PDI), el Ministerio del Interior y a quienes resulten responsables por el abandono de personas migrantes en Chañaral.

Según detallaron en un comunicado, se trata de siete personas migrantes que fueron abandonadas en una carretera cercana a la localidad de Chañaral, "en pleno desierto, con poca ropa, recursos escasos y sin orientación para retornar a su lugar de residencia".

En esa línea, acusaron que el hecho se dio en medio del operativo del Gobierno que culminó en la expulsión de 72 ciudadanos extranjeros de origen argentino y colombiano.

"Se solicita al órgano contralor que, de ser procedente, ordene instrucción de sumarios administrativos en contra de quienes resulten responsables del perjuicio causado a un grupo de personas extranjeras", indicaron.

Al respecto, afirmaron que las personas migrantes estaban bajo custodia de los organismos denunciados y que, luego que la Corte de Apelaciones de Arica dictara la orden de no innovar, se dio la instrucción de dejarlos libres.

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"La orden fue recibida por la PDI mientras iban en viaje en un bus hacia Santiago con las personas que serían deportadas. Los funcionarios públicos verificaron entonces sus identidades y procedieron a bajar a las siete personas que trasladaban con escasa vestimenta, sin dinero, a pocas horas de oscurecer, en pleno desierto, abandonándolas a su suerte", relataron.

Al respecto, la directora nacional del SJM, Waleska Ureta, señaló que "el Estado debe resguardar siempre la dignidad de las personas migrantes. Y esperamos que esta acción contribuya a enmendar y aclarar por qué dejaron botadas en la carretera y en desamparo a personas que merecían un trato digno y humanitario de parte del Estado".

Y es que la denuncia considera que se trata de una "afectación del legítimo ejercicio de los derechos de tales personas, que no solo adopta la forma de un vejamen injusto y de un trato indigno, sino que también supone exponerlos a los peligros que implica encontrarse abandonadas en el desierto".

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