Tráfico de drogas, tenencia de armas y violación: Los 75 nuevos extranjeros expulsados del país
El Gobierno del Presidente José Antonio Kast informó este viernes la salida de un nuevo vuelo que trasladó a 75 personas extranjeras expulsadas del país.
Estas personas, en situación irregular o autores de delitos durante el último tiempo, fueron llevadas hacia Perú, Colombia y República Dominicana. De ellas, 69 corresponden a expulsiones administrativas y seis a expulsiones jurídicas.
Con esto, el undécimo vuelo de expulsión en el año, Chile alcanzó las 2.000 personas expulsadas durante 2026, una cifra histórica antes de finalizar octubre, superando los registros anuales de los últimos cuatro años, según destacó el Gobierno.
A estas cifras se suman 11.011 salidas voluntarias efectivas durante 2026, correspondientes a extranjeros que ingresaron al país por pasos no habilitados y posteriormente abandonaron el territorio nacional mediante control policial, sin una medida de expulsión.
El detalle de los 75 nuevos expulsados
De las 75 personas expulsadas en las últimas horas; 50 son ciudadanos colombianos, 14 peruanos y 11 dominicanos.
El vuelo, operado por Sky Airline, salió desde el Aeropuerto Arturo Merino Benítez, en Santiago, tuvo una escala en Iquique, y posteriormente continuó su recorrido hacia los países señalados.
Además de ingresos irregulares, los expulsados registran delitos como tráfico de drogas, robo con violencia, tenencia ilegal de armas de fuego y violación de una menor de 14 años.

Recordar que durante las manifestaciones por el séptimo aniversario del estallido social, el pasado domingo 18 de octubre, se informó sobre la detención de extranjeros que participaron en los desmanes. Al respecto, el Presidente Kast instruyó expulsar a estas personas.
En paralelo, durante esta semana el Congreso despachó el proyecto de ley que perfecciona el procedimiento de expulsión administrativa.

La iniciativa contempla reducir de 10 a 5 días el plazo de reclamación judicial, facilitar las notificaciones y entregar nuevas herramientas para localizar y ejecutar órdenes de expulsión firmes, con las autorizaciones judiciales correspondientes.
Estas medidas se suman al trabajo de fiscalización y control migratorio desarrollado durante 2026, orientado a fortalecer la ejecución de las órdenes de expulsión y los procedimientos establecidos en la legislación vigente.
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