En el marco de los procesos judiciales que se siguen por el caso Inverlink, la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo) logró este martes una nueva sentencia favorable por parte de los tribunales de justicia.
Esta vez, la Corte de Apelaciones de Santiago acogió el recurso presentado por Corfo que requirió, no sólo el pago del capital y reajustes -como fue cumplido ante el tribunal de primera instancia-, sino que también de intereses corrientes, además de las costas personales del juicio, en el litigio que enfrentó con BBVA Corredores de Bolsa.
La sentencia del tribunal de alzada señala que "se revoca la resolución de fecha diez de noviembre de dos mil quince, en cuanto no accedió a considerar los intereses corrientes en la liquidación practicada a fojas 329, como costas personales del juicio, y en su lugar se declara que se practique la liquidación del crédito en capital, reajustes e intereses corrientes, desde la constitución en mora respecto de estos últimos, conforme a lo resuelto en el presente fallo y proceder a la tasación de las costas personales”.
Para Corfo, esta decisión es consistente con los esfuerzos realizados por la Corporación en la línea de cautelar adecuadamente el interés público.
Orígenes del caso Inverlink
El caso Inverlink se destapó en febrero de 2003, cuando se descubrió que Pamela Andrada, secretaria del entonces presidente del Banco Central, Carlos Massad, filtraba informes reservados a ese grupo. Es ahí donde entra Eduardo Monasterio Lira, ex presidente del Inverlink quien falleció el 6 de febrero pasado.
Los inversionistas del holding retiraron en forma masiva sus dineros, por lo cual el Inverlink-coludido con el ex jefe de Tesorería de Corfo, Javier Moya- sustrajo $85 mil millones para hacer frente a la medida. Hasta 2006, Corfo sólo había recuperado el 20% de los recursos sustraídos por la vía de la venta de las empresas que pertenecían al holding Inverlink y acuerdos extrajudiciales.
En noviembre de 2010, la Corte Suprema condenó por fraude al fisco a los cinco principales ejecutivos involucrados -incluido Monasterio- a 541 días de cárcel, los que podrán cumplir bajo “remisión condicional”, es decir, en libertad. Adicionalmente, se les condenó a pagar una multa de 3.266 millones de pesos.
