Codelco respondió a los cuestionamiento de la Contraloría General de la República (CGR), que en un informe apunta a la empresa de tener contrataciones irregulares por 31 mil millones de pesos.
La empresa minera señala que la entidad fiscalizadora se sustenta en las reglas de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado (LOCBGAE) y de la Ley de Compras Públicas (LCP), "asimilando a Codelco a un servicio público, colocando en cuestión con ello el estatuto especial de la Corporación, y desconociendo la pertinencia y validez de las normas constitucionales específicas relativas a las empresas del Estado, de la Ley de Gobierno Corporativo de Codelco y de la Ley de Sociedades Anónimas (LSA)".
Y agrega que el estatuto constitucional y legal que rige a Codelco "somete a la empresa a las normas de su propia ley, a la LSA y en lo que no se oponga a ellas, a la legislación común".
Sobre las contrataciones que se señalan como irregulares por parte de la Contraloría, Codelco señala que en dos ocasiones respondió a los pronunciamientos de la CGR, argumentando que Codelco "no comparte el sustento jurídico sobre el cual la Contraloría realiza sus observaciones".
"Contraloría mantuvo sus objeciones e insiste en desconocer el marco regulatorio aplicable a Codelco. En concreto, en este informe se sostiene que la aplicación de la Ley de Sociedades Anónimas es excepcional, lo que es contrario al texto expreso de la ley de Codelco. A partir de ello, extiende a la empresa una prohibición absoluta de contratos con partes relacionadas contenida en la Ley de Compras Públicas, y la restricción de celebrar contratos mediante mecanismos diferentes a la propuesta pública contenida en la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado", agrega a modo de conclusión la respuesta de la empresa minera.
