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DF | Comisión Económica del PS exige penas de cárcel efectiva a daños ambientales en Osorno

El organismo también sostiene que se deben "establecer compensaciones obligatorias a la población y a sectores de actividad económica en consonancia con el daño infringido".

Crédito: Diario Financiero
 DF | Comisión Económica del PS exige penas de cárcel efectiva a daños ambientales en Osorno

A través de una declaración pública la Comisión Económica del Partido Socialista exige al gobierno adoptar una serie de medidas a raíz de los problemas de abastecimiento de agua en Osorno, entre las que no sólo se exige caducar la concesión a la empresa, sino también establecer penas de cárcel efectiva por los daños, entre otras.

En la reunión de este martes, el organismo elaboró una declaración en la que propone seis medidas que deben adoptarse con celeridad para que situaciones como la acaecida en Osorno no se repitan.

La medidas que proponen son: "Caducar la concesión de la empresa sanitaria Essal en Osorno y promover que el Estado de Chile ratifique, para fines de su legislación interna, el reconocimiento del agua como un derecho humano, avanzando en todas las implicaciones y ajustes regulatorios que de ello se deriva".

Asimismo, la comisión manifiesta la necesidad de "iniciar una exhaustiva evaluación y revisión del actual modelo de empresa sanitaria con el propósito de implementar un sistema que garantice el cumplimiento de ese derecho humano, en un contexto de cambio climático, de expansión de las ciudades, de mayor frecuencia de desastres naturales, etc. asegurando la continuidad de la operación y de pronta reposición en situaciones de contingencia".

También señalan que se debe "establecer, de manera transparente e informada, un proceso de fiscalización e informar al Congreso y a toda la ciudadanía respecto de la situación de todas las empresas sanitarias del país en materia de inversiones, protocolos, mapas de riesgos y estado de planes de mitigación, etc. para responder a las contingencias".

Y, por último, se expone la necesidad de "analizar el modelo de fiscalización y establecer penas de cárcel efectiva a daños ambientales y sanitarios que impacten fuertemente a la población y la naturaleza; y, establecer compensaciones obligatorias a la población y a sectores de actividad económica en consonancia con el daño infringido".

 

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