Alerta T13: Rabat abre sumario por filtración de decretos y sondea abogados ante inminente AC
Agencia Uno - Ministro de Justicia, Fernando Rabat
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Legal, político y comunicacional. En eso se ha transformado el escandalo de las rebajas de condenas para abusadores sexuales de menores que aplicó el Ministerio de Justicia, desde marzo a octubre de este año y que tienen al ministro de Justicia, Fernando Rabat, al borde de una acusación constitucional (AC) que prepara la oposición.
En términos legales, la Fiscalía abrió una indagatoria tras una denuncia presentada por diputados opositores al gobierno; en el plano político, la AC se presentaría durante la próxima semana, según publicó Ex-Ante; y comunicacional, pues todos los días se conocen casos de abusadores y delincuentes que quedaron libres por los beneficios entregados por Rabat.
Para contener la crisis, el ministro se ha reunido con parlamentarios y sus asesores, pero también ha tomado algunas decisiones que llaman a atención en el gobierno. La primera: abrir un sumario interno para identificar de dónde provienen las filtraciones de los decretos de los beneficios. Rabat, según pudo conocer Reportajes Teletrece, pidió la apertura de esta investigación interna y así determinar las responsabilidades administrativas que correspondan.

Desde que estalló el escándalo -hace tres semanas en el medio Interferencia- que Rabat se ha mostrado molesto con la publicación de estos documentos y, en esa misma línea, al interio del Ministerio de Justicia se restringieron todas las claves de acceso de consulta de estos archivos.
Parlamentarios de distintos partidos, además, han solicitado sin éxito conocer los documentos adjuntos al listado de los 56 condenados que obtuvieron los beneficios. Eso también abrió una polémica en el Congreso esta semana, pues acusan una obstrucción a la labor fiscalizadora de diputados y senadores.
La restricción sobre el total de la lista de los 56 beneficiados por abusos sexuales y, también, por delitos de lesa humanidad, abren a diario un flanco para el gobierno. Fuentes conocedoras de las comunicaciones entre La Moneda y el ministerio dan cuenta de la preocupación constante de la Secretaria de Comunicaciones (SECOM), por el hecho de algunas medios manejan más información que ellos.

La defensa
El otro flanco para el ministro es el político, donde la AC en su contra sería cosa de tiempo. La oposición ya maneja algunos nombres de abogados para presentar el libelo acusatorio, donde se analizan nombres como la exdefensora de la Niñez, Patricia Muñoz y el abogado Gabriel Osorio, entre otros.
Pero el ministro Rabat también ya inició una ronda de contactos con abogados para enfrentar lo que sería la primera acusación constitucional de este gobierno. Entre esa lista de nombres aparece Francisco Cox, con quien ya habrían existido algunos sondeos.
El abogado cuenta con una destacada trayectoria en el ámbito de las acusaciones constitucionales en Chile, consolidándose como un "litigante clave" ante el Congreso, representando a autoridades, tanto de derecha, como de izquierda.

Por ejemplo, defendió a la ministra de Educación, Marcela Cubillos, en 2019; al también extitular de la cartera, Marco Antonio Ávila, en 2023); al exdelegado presidencial, Gonzalo Durán, en 2025; y también, al exministro de Energía del gobierno anterior, Diego Pardow, en 2025.
Cox, en cada una de las acusaciones, logró el rechazo de los libelos acusatorios, lo que impidió que avanzaran. "Está invicto", comentaron algunas fuentes que conocen de su desempeño en el Congreso, lo que tiene al ministro Rabat analizando su nombre con prioridad sobre el resto. El abogado declinó referirse a estos sondeos y desde el ministerio no contestaron las consultas de este medio.
