Con mayoría opositora: Así quedó conformada la comisión que revisará la acusación constitucional contra el ministro Rabat
Agencia Uno- Fernando Rabat, ministro de Justicia
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La Cámara de Diputadas y Diputados sorteó, este lunes, a los parlamentarios que integrarán la comisión que revisará la acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat.
Fue el pasado jueves que la oposición finalmente presentó el libelo contra el secretario de Estado. Y, si bien había sido anunciado semanas antes, los diputados esperaron contar con los decretos de rebaja de condena a pederastas, antes de ingresarlo.
Mientras que el Ejecutivo cuestionó la tardanza de la presentación de la acusación, apuntando a la supuesta ausencia de argumentos que acreditaran la infracción a la Constitución, la oposición arremetió por la "demora" en la entrega de los decretos por parte del Ministerio de Justicia.
A cuatro días de que el libelo fuera presentado, el secretario general de la Cámara, Miguel Landeros, realizó en la Sala el sorteo para definir los integrantes.
El resultado no fue el ideal para el ministro Rabat, pues la comisión contará con mayoría opositora, lo que sacó aplausos de la izquierda y centroizquierda:
- Carlos Chandía (RN)
- Lorena Pizarro (PC)
- Germán Verdugo (PNL)
- Raúl Soto (PPD)
- Lorena Fríes (FA)
El único diputado de oficialismo es Carlos Chandía, de Renovación Nacional. Sin embargo, el parlamentario votó a favor de la resolución que pedía la renuncia del titular de Justicia. En esa instancia, hubo oficialistas que estuvieron de acuerdo con la remoción de Rabat y otros que se abstuvieron.
Pero los llamados a que Rabat dejara el cargo fueron públicos, pues a través de la prensa figuras como la senadora María José Gatica (RN) y el diputado Rojo Edwards (ind.-RN) plantearon la importancia de que se asumiera la responsabilidad política.
De la derecha también fue designado el diputado del Partido Nacional Libertario, Germán Verdugo, cuya colectividad ha advertido que, de avanzar la oposición en el libelo, ellos impulsarían acusaciones contra los ministros de la Corte Suprema por también haber autorizado las rebajas de pena a condenados por delitos sexuales contra menores.
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