La Contraloría General de la República desestimó un requerimiento ingresado por el diputado René Saffirio (independiente ex DC), en que solicitaba que se iniciara un procedimiento administrativo contra la ministra de Justicia, Javiera Blanco.
El parlamentario pedía sancionar a la secretaria de Estado por cuanto "no habría aportado" información solicitada en un oficio enviado en mayo de este año, donde pedía conocer la cifra de muertes de menores "fallecidos en centros administrados por el Sename o instituciones privadas financiadas por el Estado, desde el 1 de enero de 2005 hasta la fecha".
Un documento que a juicio del diputado fue respondido en forma incompleta, por cuanto sólo se proporcionó la cantidad de menores con medidas de protección fallecidos, que se cifró en 185, omitiendo los casos de responsabilidad penal juvenil. Según ha sostenido el diputado Saffirio, al incluir estos casos la cifra aumenta a 477. En medio de esta polémica, el martes la ministra de Justicia afirmó que "hoy no tenemos la posibilidad de ser rigurosos para entregar una cifra de fallecidos totales", pues se encuentran haciendo un cruce de información entre las bases de datos de los centros e información del Registro Civil. La secretaria de Estado ha planteado que una de las dificultades para entregar el número de muertos radica en que muchos casos eran caratulados como egresos administrativos.
Fue en este contexto que el diputado anunció que evaluaría una una acusación constitucional contra la ministra. Pero además de eso, pidió a la Contraloría cursar una infracción a Blanco, en conformidad al artículo 10° de la Ley Orgánica del Congreso, que establece una multa equivalente a una remuneración mensual para aquel jefe de servicio que no proporcione la información requerida por la Cámara.
Sin embargo, la Contraloría determinó que "se encuentra impedida de iniciar el aludido procedimiento por cuanto el citado artículo 10° hace responsable de la observancia de las antedichas solicitudes al jefe superior del ente de la Administración del Estado que haya sido requerido".
Es así que el dictamen señala que la petición de cursar sanciones "ha debido dirigirse al respectivo subsecretario de esa Secretaría de Estado, funcionario que -según los artículos 24 de la ley N° 18.575 y 1° del decreto ley N° 1.028, de 1975, en concordancia con las disposiciones del decreto ley N° 3.346, de 1980-, posee la calidad de jefe superior del servicio, recayendo en él la correlativa obligación de atender la petición en comento y, en caso de incumplir la misma, procede instruir en su contra el consiguiente procedimiento administrativo sancionatorio, y no como se requiere en la presentación", en la que se apunta a la titular de Justicia.
Más allá del revés en la Contraloría, el parlamentario ha señalado que impulsará una acusación constitucional contra la titular de Justicia. Una propuesta que también busca concretar este miércoles la oposición. En caso de que el libelo prospere en la Cámara y el Senado (que actúa como juez) Blanco será destituida y no podrá ejercer cargos públicos por cinco años.
En medio de este complejo momento para la ministra de Justicia -la peor evaluada del gabinete según Adimark y Cadem- dirigentes de la Nueva Mayoría han presionado por un ajuste ministerial.
