En qué consiste el proyecto de seguridad presentado por senadores: reemplazará la iniciativa del gobierno
Aton- Senadores transversales presentaron el proyecto
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La tarde de este miércoles, los senadores Andrés Longton (RN), Arturo Squella (REP), Karim Bianchi (ind.), Iván Flores (DC) y Pedro Araya (PPD), presentaron su propuesta de reforma constitucional de seguridad que reemplaza el proyecto impulsado por el gobierno.
Ante los reparos transversales a la reforma del Ejecutivo, desde el gobierno manifestaron su apertura a que fueran los senadores quienes propusieran otra alternativa que permitiera lograr un acuerdo y, en consecuencia, retiraron el proyecto.
La iniciativa de los senadores "establece el crimen organizado como contrario a los derechos humanos, le hace aplicable el estatuto constitucional del terrorismo, permite regímenes penitenciarios especiales y modifica el Estado de Excepción Constitucional de Emergencia".
Con la incorporación de los "regímenes carcelarios especiales" se busca impedir que las bandas operen desde la cárcel. Y la modificación al Estado de Excepción implica "decretar estado de emergencia ante amenazas inminentes, con mayor control del Congreso", pues se permite que el Parlamento, en todo momento, deje sin efecto la medida.
El senador y presidente del Partido Republicano informó que la propuesta ya fue compartida con el gobierno y manifestó que "más allá de las diferencias que uno pueda tener en distintas materias que son razonables, legítimas y nos van a acompañar por siempre (...), no podemos quedarnos de brazos cruzados".
Squella destacó que junto a los senadores firmantes están "muy conformes con cómo fuimos logrando superar las diferencias, nos hicimos cargo de las aprehensiones que presentaron muchos parlamentarios del texto original y al mismo tiempo del propósito que buscaba el mismo gobierno".
¿Cuáles son los cambios?
Actualmente, la Constitución declara solo al terrorismo como contario a los derechos humanos. El proyecto agrega al crimen organizado en esa misma norma y, en consecuencia, se da a los condenados el mismo tratamiento.
Es decir, quienes sean condenados por crimen organizado quedarán inhabilitados para ejercer cargos públicos y otras funciones relevantes, y la ley podrá graduar las consecuencias dependiendo de, por ejemplo, el rol de cada persona en la organización.
Otra modificación que establece el proyecto es que se permitirá aplicar regímenes penitenciarios especiales a condenados y presos preventivos por terrorismo o crimen organizado para impedir que dirijan sus bandas desde la cárcel.
De esa forma, podrán tener restricciones en comunicaciones, visitas y beneficios.
En cuanto al estado de emergencia frente a grave daño actual o inminente, se indica que se podrá decretar ante un peligro grave o inminente, para que el Estado actúe antes de que una organización se consolide sobre un territorio.
El estado de emergencia podrá ser decretado por el Presidente por un máximo de 30 días y el Congreso podrá ponerle término.
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