En qué se diferencia el proyecto presentado por Kast de las leyes que obligan a autoridades a realizarse test de drogas
Aton- Presidente José Antonio Kast firma proyecto de reforma constitucional
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El Presidente José Antonio Kast firmó este lunes el proyecto de reforma constitucional que obliga a las autoridades a realizarse un examen de drogas al asumir funciones y de forma periódica, y establece la cesación del cargo a quienes den positivo.
La iniciativa incluye a ministros, subsecretarios, senadores, diputados, gobernadores regionales, consejeros regionales, delegados presidenciales regionales y provinciales, alcaldes y concejales.
Actualmente, la obligatoriedad esta establecida para el Presidente de la República, sus ministros y subsecretarios en la Ley de Presupuestos. En la Ley de Reajustes, en tanto, se suma a delegados presidenciales, secretarios regionales ministeriales y jefes de servicio. Por lo tanto, la reforma constitucional del gobierno amplía la exigencia a más autoridades.
De acuerdo con el biministro Claudio Alvarado, "hoy tenemos una dispersión de normas sobre esta materia" y es por ello que buscan "ordenar las leyes respectivas, las formas y los procedimientos, de tal manera que esto sea un proceso científico, que entregue certezas".
En esa línea, sostuvo que "la ley debe aplicarse de manera igualitaria para todas las instituciones, el proyecto busca que las exigencias de control preventivo alcancen a autoridades del Ejecutivo, legislativo, gobiernos regionales y municipales, consolidando un marco institucional donde nadie quede excluido de los mismos estándares".
En qué se diferencia la reforma
Además de ampliar la obligatoriedad, este proyecto establece una sanción para quienes consuman sustancias estupefacientes o sicotrópicas ilícitas, en la forma que determine la ley.
Desde Presidencia, detallan que actualmente no existe, por ahora, una norma que establezca consecuencias derivadas de la detección del consumo de sustancias. Y es por ello que se impulsa este proyecto, que indica, además, que los resultados serán públicos.
¿Cuáles son las consecuencias en estos casos?El cese del ejercicio de un cargo público ante un consumo acreditado de drogas y estupefacientes.
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