Fiscal Valencia y críticas de La Moneda: “Nadie está sobre la Ley”

Encuentro Boric-Valencia. Con la presencia del Presidente Gabriel Boric y varios ministros del gobierno, el Fiscal Nacional Ángel Valencia realizó la mañana de este miércoles la Cuenta Pública anual del Ministerio Público.

• La actividad se da en el marco de las fuertes presiones que ha recibido Valencia por parte de La Moneda y el oficialismo luego que se diera a conocer que el fiscal de Coquimbo, Patricio Cooper, mantuvo intervenido el teléfono del exjefe de asesores del Segundo Piso, Miguel Crispi (FA) en el marco del Caso ProCultura.
• Además, el fiscal Cooper pidió al juzgado de Garantía interceptar las comunicaciones del Presidente Boric en el marco del mismo caso. Esta última medida intrusiva fue rechazada por Tribunales.
• Las diligencias de Cooper fueron criticadas por el oficialismo. Mientras la vocera de gobierno Aisén Etcheverry pidió a Valencia explicar y fundamentar el motivo de estas medidas, entre los diputados oficialistas del PS y el FA acusaron una instrumentalización de la justicia y amenazaron con pedir la remoción de Valencia.
• Cooper respondió que el caso ProCultura se mantiene vigente y con diligencias reservadas y que todas están apegadas a la legalidad vigente.

Caso Convenios. En su discurso de esta mañana, Valencia abordó en extenso el impacto del Caso Convenios en el que se embarca el Caso ProCultura, la fundación creada por el psiquiatra cercano al FA Alberto Larraín que entre 2021 y 2022 multiplicó en 10 veces sus contratos con el Estado. La fundación es indagada por eventual fraude al fisco en más de $6 mil millones en convenios con gobernaciones y seremías de siete regiones.

• El fiscal Valencia señaló que “durante el último año, el país ha sido testigo de uno de los casos más sensibles en materia de uso de recursos públicos: el denominado Caso Convenios”.
• “Este fenómeno, que remeció la confianza ciudadana y puso en tela de juicio la transparencia de los vínculos entre organismos públicos y fundaciones privadas, representó un verdadero punto de inflexión en la relación entre la ciudadanía y sus instituciones. Lo que estuvo en juego no fue sólo la legalidad de determinados actos administrativos, sino la legitimidad del Estado y su capacidad de garantizar un uso correcto y justo de los fondos públicos destinados al desarrollo social”.
• “Frente a esta realidad, el Ministerio Público asumió el desafío con la responsabilidad y rigurosidad que el momento exigía. Comprendiendo la magnitud del caso y su impacto transversal en la sociedad chilena, se desplegó una estrategia de persecución penal centrada en la coordinación, la especialización y la acción decidida. El proceso investigativo se intensificó con la creación formal de las Fuerzas de Trabajo, comunicada en junio de 2024 por la Unidad Especializada en Anticorrupción, Infracción a la Probidad Interna y Lavado de Activos asociados”.
• “A abril de 2025, los resultados concretos del trabajo del Ministerio Público en el Caso Convenios dan cuenta de una persecución penal sostenida, estratégica y con impacto real. A la fecha, 45 personas han sido formalizadas, cinco de ellas en más de una causa, lo que eleva el total a 50 formalizaciones”.
• “Se ha solicitado la medida cautelar de prisión preventiva para 25 imputados, lo que muestra la gravedad de los hechos investigados y el sustento probatorio con que se ha actuado. El monto total investigado a nivel nacional supera los $70 mil millones de pesos y ya se han presentado dos solicitudes de desafuero contra autoridades con fuero parlamentario, en las regiones de La Araucanía y Antofagasta”.
• “Cuando decimos que nadie está por sobre la ley, no es un eslogan: es una convicción que se traduce en acciones concretas y procesos judiciales efectivos”, señaló.

Filtraciones. Valencia también dedicó amplio espacio de su discurso a abordar el problema de las filtraciones de las causas judiciales. El año pasado designó al fiscal Marcos Pasten para indagar las filtraciones en el Caso Audios y otras indagatorias. También se abrió una causa por la filtración de los chats entre la expresidenta de la Cámara Karol Cariola y la exalcaldesa Irací Hassler, donde hacían comentarios políticos personales sobre el Presidente.

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• En total hay 25 investigaciones administrativas sobre filtraciones.
• Al respecto, Valencia dijo que “sobre la seguridad y protección de la información que maneja el Ministerio Público quiero reafirmar que para esta administración, el adecuado manejo de la información se erige como un pilar fundamental para garantizar tanto la eficacia de la persecución del delito, como la debida protección de los derechos fundamentales de los individuos involucrados”.
• “Es por ello que durante el 2024, hemos adoptado múltiples medidas en el ámbito informático con el objetivo de asegurar la trazabilidad interna de los archivos que contienen información de causas penales, para así resguardar el acceso a los sistemas y bases de datos institucionales. Lo anterior, dirigido a impedir el acceso indebido a los sistemas informáticos del Ministerio Público y prevenir posibles filtraciones”.
• Entre las medidas tomadas para evitar filtraciones, de acuerdo a Valencia, se encuentran las siguientes:

1) Seguir la trazabilidad del acceso a los sistemas informáticos.

2) Resguardar el acceso a la red del Ministerio Público, y modificar la política de complejidad de las claves que permiten acceder a los sistemas.

3) Establecer una nueva plataforma central, que contiene nuevos sistemas de seguridad y servicios de ciberseguridad avanzados.

4) Para resguardar la seguridad y confidencialidad de la información, especialmente respecto de archivos entregados a personas ajenas al Ministerio Público, a fines del año 2024 se comenzó la implementación de una licencia que contiene mecanismos avanzados de seguridad.

5) Control de acceso avanzado en los documentos, estableciendo permisos detallados para determinar la posibilidad de ver, editar o compartir archivos.

6) Registro de las actividades vinculadas a un archivo, permitiendo su auditoría y trazabilidad.