Federación de Medios de Comunicación rechaza “Ley Mordaza 2.0”, impulsada en el Senado
La Federación de Medios de Comunicación Social emitió un comunicado en rechazo a la iniciativa impulsada por un grupo de senadores de distintos partidos políticos, que busca sancionar a quienes difundan investigaciones penales, como por ejemplo los casos de corrupción que han afectado al mundo político en el último tiempo, como ProCultura o Audios, o el caso del exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve.
“Ante el reciente proyecto de ley conocido públicamente como ‘Ley Mordaza 2.0’ impulsado por un grupo de senadores que busca sancionar la filtración y difusión de información en causas judiciales declaradas reservadas, desde la Federación de Medios de Comunicación Social manifestamos nuestra profunda preocupación por el grave precedente que esta iniciativa podría sentar para el ejercicio libre del periodismo en Chile”, dice el escrito.
Ministerio Público detecta que 10 fiscales y 32 funcionarios salieron del país estando con licencia médica
“Creemos que este proyecto pone en serio riesgo la libertad de prensa y el derecho ciudadano a estar informado, pilares fundamentales de una democracia sana y transparente”, añade.
“La historia reciente de nuestro país ha demostrado que muchos de los casos de corrupción, violaciones a los derechos humanos o abusos de poder se han destapado gracias a investigaciones periodísticas. Criminalizar el trabajo de periodistas que cumplen con su deber de informar no solo representa un retroceso democrático, sino que instala un mensaje de amedrentamiento que atenta contra el rol fiscalizador de los medios y la labor informativa que se ejerce”, complementa.
La “moción de protección de antecedentes en proceso penal” es impulsada por los senadores Pedro Araya (PPD), Luz Ebensperger (UDI), Paulina Núñez (RN), Luciano Cruz-Coke (Evópoli) y Alfonso de Urresti (PS), busca modificar una serie de normas con el objetivo de —según plantean— tipificar y sancionar con penas de cárcel la divulgación de antecedentes que provengan de una investigación penal reservada.
“En una democracia sólida, el periodismo no debe ser perseguido ni limitado por medidas legales que puedan abrir espacio a la censura o al autocontrol forzado. Más aún cuando las instituciones deben ser las responsables de contar herramientas para sancionar filtraciones indebidas dentro del aparato estatal, sin necesidad de trasladar esa responsabilidad al ámbito periodístico”, recalcaron desde la Federación de Medios de Comunicación Social.
“Como federación, rechazamos cualquier intento por restringir el derecho a informar y a ser informado. Reiteramos nuestro llamado a las autoridades a proteger y fomentar un ecosistema informativo libre, diverso y sin presiones indebidas”, añadieron.
