Proyecto busca frenar filtraciones de investigaciones penales en curso: considera penas de cárcel
Agencia Uno - 4to Juzgado de Garantía (referencial)
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Senadores del oficialismo y oposición presentaron un proyecto que sanciona a quienes difundan investigaciones penales, como por ejemplo los casos de corrupción que han afectado al mundo político, como ProCultura o Audios, o el caso del exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve.
La “moción de protección de antecedentes en proceso penal”, impulsada por los senadores Pedro Araya, Luz Ebensperger, Paulina Núñez, Luciano Cruz-Coke y Alfonso de Urresti, busca modificar una serie de normas con el objetivo de —según plantean— tipificar y sancionar con penas de cárcel la divulgación de antecedentes que provengan de una investigación penal reservada.
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Considerando que todas las causas son de carácter reservado para terceros ajenos, ya hay voces que califican esta iniciativa como un intento de Ley Mordaza 2.0, cuando en 2016 los casos Penta y SQM salpicaron a diferentes políticos de todos los sectores. Aquel proyecto, que generó el repudio del gremio periodístico y de los defensores de la libertad de expresión, finalmente no vio la luz.
Sin embargo, una nueva versión de la polémica ley revivió en el Poder Legislativo. De acuerdo con los detalles del boletín N° 17.484-07 “recientes causas penales de alta cobertura mediática como el ‘Caso Audios’ que involucra la difusión de conversaciones privadas del abogado Luis Hermosilla; o el ‘Caso Monsalve’ con acceso indebido a la carpeta investigativa; la reciente filtración de chats entre la exalcaldesa de Santiago, Irací Hassler, y la diputada Karol Cariola en el marco de la investigación por el ‘Caso Sierra Bella’, evidencian una tensión creciente entre el derecho a la intimidad y privacidad de los intervinientes por un lado, y la libertad de información, transparencia y publicidad del proceso penal por el otro, especialmente cuando existen asuntos de interés público”.
“Si bien la transparencia sigue siendo un pilar fundamental para la legitimidad del sistema de justicia, estos episodios demuestran la necesidad urgente de establecer límites claros y efectivos a la divulgación de información sensible durante las investigaciones. El mal uso del proceso judicial con fines políticos o de desprestigio personal, deriva en la instrumentalización de las instituciones llamadas a hacer justicia en aquellos casos en donde la sociedad actual más necesita eficiencia: en la comisión de delitos. No cabe duda de que la filtración selectiva de antecedentes —a menudo antes de que sean ponderados en sede judicial— responde en muchos casos a intereses particulares ajenos a la justicia, afectando la presunción de inocencia, vulnerando la intimidad de víctimas, testigos e imputados, y comprometiendo el éxito de las investigaciones penales. Ninguna filtración es desinteresada”, añade la propuesta.
¿Qué busca el proyecto de ley?
En ese sentido, este proyecto de ley que fortalece los estándares de protección de los antecedentes del proceso penal y la sanción a su divulgación indebida, tiene cuatro objetivos específicos.
Primero, busca resguardar la información en las investigaciones penales, con el fin de limitar su acceso y evitar filtraciones que puedan afectar los derechos de los intervinientes o la integridad de las investigaciones.
También plantea un régimen de sanciones efectivo para quienes difundan información del proceso penal, agravando dichas sanciones, particularmente respecto de la información declarada reservada, y respecto de las investigaciones relacionadas con el crimen organizado.
En tercer lugar, busca crear un mecanismo formal dentro de la carpeta investigativa, a través de un anexo especial, para separar y proteger aquella documentación que carezca de interés investigativo directo, limitando su acceso y resguardando la privacidad de las personas.
Finalmente, establece un nuevo tipo penal específico que sancione de manera explícita la conducta de cualquier interviniente o tercero que divulgue información del proceso, y especialmente, para que se sancione la instrumentalización del proceso judicial para fines particulares. También se crea un tipo penal específico para sancionar las filtraciones de los partícipes del proceso penal, y de cualquier otro funcionario público que acceda a información del mismo.
