La Fiscalía Nacional acordó iniciar una investigación de oficio por el caso Pandora Papers, en el cual se indagará la compraventa de la minera Dominga por parte de la familia Piñera-Morel y la familia Délano ocurrida en 2010.
De acuerdo a lo informado por la directora de la Unidad Anticorrupción del Ministerio Público, Marta Herrera, "el fiscal nacional, con fecha de hoy, 8 de octubre, ha decidido abrir de oficio una investigación penal por los hechos asociados a lo que se ha conocido como los Pandora Papers y que, en definitiva, tienen relación con la compraventa de la minera Dominga que estuvo vinculada a la familia del Presidente de la República".
Pandora Papers: ¿Por qué Fiscalía decidió volver a investigar la compraventa de Dominga?
Herrera sostuvo que "un antecedente que no está incorporado en esa investigación tiene que ver con el contrato de 10 de diciembre de ese año que, en definitiva materializa un acuerdo previo, que era de octubre en relación a la compraventa de la minera Dominga".
"El contrato, en inglés, suscrito en Islas Vírgenes Británicas, no estaba incorporado en la investigación de ese tiempo. Por lo que podríamos decir que sí es un antecedente nuevo", señaló.
Los delitos indagados
La propia vocera de la Fiscalía, indicó que "el fiscal nacional ha tomado esta decisión atendido que los antecedentes podrían revestir carácter de delito de cohecho con su correlato de soborno y eventuales delitos tributarios".
Posteriormente, en relación a las faltas que serán parte de la investigación, Herrera previno que "las calificaciones jurídicas, sabemos, son iniciales y eso tendrá que verse en su momento".
No obstante, afirmó que "en nuestra opinión técnica, esto, investigado y agotada toda la investigación, podría constituir un delito de cohecho por una infracción a los deberes del cargo".
"Porque dentro del cargo de funcionario público de Presidente de la República, tiene algunas facultades que están relacionadas con la minera. Evidentemente, el pago del precio podría constituir la coima. Y, por lo tanto, nosotros podemos establecer un delito de cohecho para funcionarios públicos; para particulares, en este caso, el señor Délano, un delito de soborno", sentenció.
