Fiscalía acusa a Claudio Orrego de realizar gestiones indebidas para "acelerar" convenio con ProCultura
Aton - Claudio Orrego
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La tarde del jueves, se ingresó la solicitud de desafuero del gobernador regional Metropolitano, Claudio Orrego, en el marco del caso ProCultura.
El Fiscal de Alta Complejidad, Eduardo Ríos, y el persecutor regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, piden formalizar y pedir medidas cautelares contra el exmilitante DC como autor de los delitos consumados de fraude al fisco, usurpación de funciones y malversación por aplicación pública diferente.
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El documento, al cual tuvo acceso Teletrece, posee más de 70 páginas y sostiene que Orrego "abusó de su cargo de gobernador regional Metropolitano y, en consecuencia, de la función pública que desempeñaba, interviniendo en actos propios de su función y con infracción grave de los deberes del mismo, en la suscripción de convenios y traspasos de fondos a la Fundación ProCultura sin que esta institución poseyera la capacidad, idoneidad, competencia y experticia para ejecutar los tratos para los cuales había sido contratada, lo que generó como perjuicio el valor total de los montos asignados de ambas iniciativas, correspondiente a $1.690.388.000″.
Asimismo, el requerimiento expone mensajes de WhatsApp entre Evelyn Magdaleno, jefa de la División de Desarrollo Social y Humano del GOREM, y María Teresa Abusleme, exdirectora de ProCultura. En dichos chats se consigna que "el gobernador ha llamado hasta el contralor", haciendo referencia a Jorge Bermúdez, el entonces jefe del máximo órgano fiscalizador.
A juicio de los persecutores, estos intercambios "devela la comunicación directa que sostuvo el gobernador con el contralor de la época, lo que habría tenido como objetivo acelerar indebidamente el proceso administrativo de toma de razón del convenio señalado y de esta forma asegurar la tramitación expedita del mismo y la liberación de los recursos públicos asignados a la fundación".
Cabe señalar que ese contacto se habría producido el 5 de octubre de 2022, 6 días antes que Contraloría visara oficialmente el acuerdo que permitiera traspasar los recursos.
Para los investigadores, resultó clave establecer los vínculos previos que existían entre Claudio Orrego y el psiquiatra Rafael Larraín, también imputado en la causa.
Ambos compartieron militancia en la Democracia Cristiana y, además, Larraín colaboró directamente con Orrego durante su paso por la alcaldía de Peñalolén. Esa cercanía, según sostiene la Fiscalía, se mantuvo activa cuando el exintendente buscó proyectar su carrera presidencial y lo incorporó en distintos espacios de asesoría.
El escrito de la Fiscalía consigna que incluso habría extendido una licencia médica falsa a Orrego, con el propósito de justificar una ausencia laboral cuando este ejercía cargos públicos. Además, los persecutores advierten que este tipo de maniobras dan cuenta de un entramado de confianza que se trasladó al caso ProCultura, donde ambos vuelven a encontrarse.
