Por José Carlos Prado
Luego de varios meses sin avances concretos, se reactivará la investigación del Ministerio Público sobre eventuales delitos que se habrían cometido en la realización del Censo 2012. Esto, gracias al informe que dio a conocer ayer la Contraloría General de República que revela una serie de ilegalidades en el procedimiento censal, además de irregularidades en el uso de recursos destinados al pago de contratos a honorarios.
Según cercanos a la investigación, la Fiscalía realizará nuevas diligencias cuyo foco sería precisamente en este último punto, ya que aún no se ha podido sustentar que el Censo sea considerado un instrumento público, lo cual ha impedido que se acredite el delito de falsificación de éste.
Las indagatorias que encabeza el fiscal José Morales desde que estalló el caso a mediados de 2013, se han centrado en dilucidar qué figura penal se podría acreditar por el hecho de incorporar en los resultados del Censo 2012 a 814 mil personas que no fueron encuestadas. Al respecto, una línea investigativa era, además, una eventual clonación de la información censal.
Falta de control
La investigación especial de Contraloría evidenció varias falencias en el control de la contratación de personal a honorarios. En esa línea, el documento enumera pagos que ascienden a los $132.622.248, cifra que corresponde a contratos con vigencia que van desde agosto de 2011 a junio de 2013.
Los errores e ilegalidades que detectó la Contraloría en el Censo 2012
Adicionalmente, la Contraloría mantiene en sumario administrativo por pagos efectuados a censistas. "El Departamento de Auditoría Interna del INE, de acuerdo a su plan anual de trabajo, realizó una auditoría al proceso de contrataciones a honorarios a suma alzada con motivo del Proyecto Censo 2012, efectuadas en la Región Metropolitana, detectando una serie de irregularidades, a saber, duplicidad en el segundo pago realizado a los censistas, fondos empozados en cuenta corriente de manera errada, producto de los reintegros efectuados ante desembolsos injustificados, falta de antecedentes de respaldo de los mismos, reserva de números de resolución a diciembre de 2013 pendientes de tramitación, indeterminación del número de personas que prestaron servicios remunerados para el aludido proyecto, entre otros aspectos", relata el informe.
Parlamentarios iniciarán acciones legales
La auditoría de la Contraloría se inició a petición de los diputados de la DC Ricardo Rincón, Gabriel Silber, Matías Walker y el entonces diputado DC Gabriel Ascencio. Al conocer el informe, todos ellos anunciaron acciones legales por las "pérdidas millonarias de recursos fiscales para el país y a la fe pública" que habría significado el Censo 2012.
“Estamos hablando de cerca de 14 mil millones de pesos; estamos hablando de una cifra importante y lo que vamos hacer nosotros es que el día lunes acudiremos a la propia Contraloría, que es el paso siguiente, para iniciar un juicio de cuentas” adelantó el diputado Silber
Por su parte, Walker emplazó al ex presidente Piñera y el entonces Ministro de Economía, Pablo Longueira, a asumir su responsabilidad. "Ellos le deben una explicación no solo al Congreso Nacional, sino también al país", dijo.
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