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Gobierno argumenta “hechos acaecidos en los últimos meses” para frenar alza en el transporte público

Gobierno argumenta “hechos acaecidos en los últimos meses” para frenar alza en el transporte público
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El Panel de Expertos había determinado un alza de 10 pesos en la tarifa de los buses y Metro, sin embargo, un decreto supremo que está siendo revisado por Contraloría busca dejar sin efecto el alza.

El Gobierno de Chile argumentó, a través de un decreto supremo, que por “los hechos acaecidos en la región Metropolitana en los últimos meses” se debería dejar sin efecto el alza en las tarifas del transporte público que ordenó el Panel de Expertos hace una semana y que debería hacerse efectiva si la Contraloría así lo resuelve.

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“Atendido a los hechos que han acaecido en la región Metropolitana en los últimos meses, que han significado graves daños a las estaciones de la red de Metro de Santiago y buses, y la facultad conferida por la citada ley, se procederá a dejar sin efecto el aumento (…) manteniendo las tarifas actuales vigentes del Sistema de Transporte Público”, considera el decreto presentado por el Ministerio de Transportes.

La ley faculta al Presidente de la República para dejar sin efecto o limitar un aumento de tarifas por parte del ente técnico y autónomo, mediante este decreto supremo que también fue suscrito por el Ministerio de Hacienda.

Gloria Hutt
Gloria Hutt

“Se ha considerado el incremento en los recursos que permitan mantener el equilibrio financiero del sistema de transporte público remunerado de pasajeros de la provincia de Santiago y de las comunas de San Bernardo y Puente Alto, o compensar el valor real de la tarifa, hasta 6.767 millones de pesos”, explica el decreto.

“El mayor gasto que represente la aplicación del presente decreto se financiará con cargos a los recursos de la Partida Presupuestaria del Ministerio de Transportes, y en caso de que faltaren serán aportados desde la Partida Presupuestaria del Tesoro Público”, agrega.

De todos modos, el decreto supremo debe ser revisado por la Contraloría General de la República, que tiene quince días para resolver, a partir del 15 de enero, cuando fue presentado el documento.

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