El ministro (s) del Interior y Seguridad Pública, Manuel Monsalve, reconoció que las consecuencias de los indultos presidenciales entregados por el Gobierno de Gabriel Boric en diciembre de 2022 les ha “afectado”, pero aseguró que eso no ha cambiado la determinación del Ejecutivo en materia de seguridad.
En conversación con Tele13 Radio se refirió a los trece indultos otorgados por el Presidente hace un año, y que siguen causando revuelo en la opinión pública por la detención, hace dos semanas, de Luis Castillo en Copiapó, uno de los indultados que fue acusado de secuestro.
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“Es evidente que ha afectado al gobierno, pero son decisiones políticas complejas. Las decisiones se tomaron, el gobierno asumió las consecuencias de aquello y eso ha alterado en nada la determinación del Presidente de la República, y la determinación del gobierno, de entender que la seguridad es un derecho que el gobierno tiene la obligación de garantizar y que requiere políticas de Estado que sean efectivas para cambiar las condiciones de seguridad del país”, dijo Monsalve.
El ministro (s) también se refirió a la polémica por las pensiones por gracia entregadas a la víctimas de violencia estatal en el estallido social, una de las cuales está siendo entregada a una persona que se encuentra prófuga de la justicia.
“Hemos anunciado que la próxima semana corresponde concurrir a la comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados, hay diversas mociones en torno al tema de pensiones de gracia y nosotros vamos a presentar dos indicaciones: Una para que por ley exista la obligación que las autoridades, previo a la entrega de la pensión de gracia, tengan a la vista los antecedentes penales de las personas”, explicó Monsalve.
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“Nunca fue requisito pedir los antecedentes penales, eso es lo que explica que el gobierno del expresidente Piñera entregara 17 pensiones a personas que tenían antecedentes penales y el gobierno del Presidente, Gabriel Boric, hiciera lo mismo porque no estaban los requisitos, ninguna autoridad pedía los antecedentes penales. Nosotros creemos que hay pedirlos, vamos a presentar una indicación para que la ley establezca esa obligación”, añadió.
Diálogo con la CAM en el sur
Monsalve también se refirió a la posibilidad de que la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), y otros grupos armados, sean parte de las mesas de diálogo por la crisis de violencia en el sur, como propuso la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Consuelo Contreras.
“Para los que quieren dialogar hay un espacio de diálogo (...) y la Comisión por la Paz y el Entendimiento es el espacio para que todas las personas que no ejercen la violencia, que no quieren resolver los problemas de Chile por medio violento, que creen en la democracia y creen que es posible llegar a acuerdo para resolver problemas tienen el espacio y el Presidente generó un espacio de diálogo político”, dijo Monsalve.
