"No se aviene con su deber de abstención": Qué dice el informe de Contraloría contra la exministra Steinert
La Contraloría General de la República emitió el dictamen sobre la legalidad del oficio reservado mediante el cual la otrora ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, solicitó a la Policía de Investigaciones (PDI) respecto al traslado de funcionarios a distintas zonas del país.
Steinert estuvo a cargo del ministerio durante 69 días hasta el cambio de gabinete realizado en mayo pasado.
De acuerdo al ente regulador, la exsecretaria de Estado emitió su oficio reservado el 13 de marzo de 2026, dos días después del cambio de mando donde asumió su cargo.
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Qué dice el informe de Contraloría contra la exministra Steinert
En el oficio, se solicitó un informe respecto del personal de una Brigada Antinarcóticos y contra el Crimen Organizado específica, vinculada a la investigación penal de una causa determinada que se encontraba en curso.
Steinert solicitó una nómina detallada con nombre completo, cédula de identidad, grado de los funcionarios trasladados y/o cesados en sus funciones investigativas respecto de una causa. Adicionalmente, pidió que se explique el fundamentos de los traslados y que se informe la región, unidad de destino y cargo actual en que se desempeñan los funcionarios.
De acuerdo a la Contraloría, "no se advierte de qué manera los requerimientos específicos aludidos puedan enmarcarse en las hipótesis legales que habilitan a la autoridad ministerial para efectuar este tipo de solicitudes".
Por otra parte, el ente regulador hizo énfasis en que "los requerimientos de información se refirieron a personal perteneciente a una dependencia policial que apoyaba la labor investigativa que encabezaba la propia ex Secretaria de Estado en su anterior desempeño, lo que se debe considerar al tener del deber legal de abstención que, respecto de su cargo público previo, aquella debía observar", en referencia a su rol como fiscal regional de Tarapacá.
"En consecuencia, se concluye que la actuación analizada no se ajusta estrictamente a las atribuciones y funciones que el ordenamiento jurídico asigna a la autoridad ministerial de que se trata y no se aviene con su deber de abstención", dice el dictamen de Contraloría.
El diputado del Partido Socialista, Raúl Leiva, quien solicitó el pronunciamiento del ente regulador, manifestó que "hace mucho tiempo que no se veía un dictamen de Contraloría que determinaba un incumplimiento de un ministro de Estado, esta actuación, pone en riesgo no solo la institucionalidad de Seguridad que tanto ha costado construir, sino que devela una falta de cuidado y rigurosidad en el tratamiento de la información respecto de operaciones de lavado de activos tan complejas".
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