Gobierno Regional tras incautación a Orrego por parte de la fiscalía: “Seguiremos colaborando para esclarecer los hechos”
El equipo del gobernador de la región Metropolitana, Claudio Orrego, emitió un comunicado para referirse a la incautación que realizó el Ministerio Público este lunes, en su domicilio y en las oficinas del Gobierno Regional Metropolitano.
El OS7 de Carabineros llegó la mañana de este lunes al domicilio en Providencia del gobernador Orrego, y también a las oficinas del GORE Metropolitano, para incautar documentos y equipos electrónicos de la autoridad.
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“El gobernador Claudio Orrego, a través de sus abogados, ofreció voluntariamente declarar y poner a disposición de la fiscalía su celular y sus dispositivos electrónicos, para colaborar en todo el proceso de la investigación. Hoy se hizo entrega de tales dispositivos”, dijeron desde el GORE Metropolitano.
“De la misma forma, su equipo accedió a entregarlos de forma voluntaria, como le fuera expresado la semana pasada a la fiscalía, por los abogados del gobernador”, añadieron.
“Aclaramos que la diligencia no se trató de un allanamiento, dado que no hay una orden judicial, sino de una entrega voluntaria, coordinada con la fiscalía”, complementaron.
Hace dos semanas, T13 informó que la Contraloría General de la República había detectado una serie de irregularidades en el Gobierno Regional Metropolitano, encabezado por Claudio Orrego.
Tras una auditoría, el ente fiscalizador apuntó directamente contra el gobernador por el supuesto uso de recursos públicos para charlas de campaña política en 2024, en las elecciones que ganó el actual gobernador Orrego.
“El gobernador y su equipo, seguirán colaborando activamente con las instituciones correspondientes para esclarecer los hechos en el más breve plazo”, dijeron desde la institución.
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Según el resultado de la auditoría, a la cual accedió Reportajes de Teletrece, “se advirtió que, durante el año 2024, el Gobierno Regional Metropolitano erogó un total de $31.366.179 para la contratación del servicio de asesoría especializada sobre líneas de apoyo para la gestión institucional GS 2024 de cuya revisión se constató la realización de 52 sesiones de coaching directivo, siendo proporcionadas únicamente las minutas de 28 de dichas reuniones”.
En el documento se consigna que “de la revisión de los contenidos incluidos, en 16 de estas se verificó que no se relacionaban con contenidos asociados a coaching directivo o sesiones de equipo que evidencien el desarrollo de competencias de liderazgo, entrega de herramientas para profundizas conocimientos, aumentar su rendimientos, mejorar su calidad de vida y consecuentemente mejorar el ambiente laboral”.
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¿Cuál sería el fin real detectado por la Contraloría? De acuerdo al informe elaborado por la repartición liderada por Dorothy Pérez, en estas sesiones de coaching directivo “se aludía explícitamente a temáticas, riesgos y acciones relacionadas con la contingencia política y campaña electoral a Gobernador Regional, no en términos generales, sino específicamente a la campaña en la que don Claudio Orrego Larraín se estaba presentando como candidato a la reelección, situación que por una parte no tenía relación con el objetivo de la dicha prestación de servicio y tampoco se aviene con la finalidad y objetivos de esa entidad”.
Por lo mismo, y dada la gravedad de los antecedentes, Contraloría practicará un procedimiento disciplinario en el GORE, con la finalidad de determinar las eventuales responsabilidades administrativas de los funcionarios involucrados, pero también se remitirá el informe al Ministerio Público por eventuales delitos que pudieran haberse cometido en esos movimientos.
El pago de $31 millones por parte del GORE se hizo a la firma Vera y Asociados S.A. en tres facturas. La primera fue por cerca de $12 millones, el 16 de abril del 2024; la segunda, por casi $9 millones, el 11 de junio del 2024; y la última, el 10 de septiembre del 2024.
