Cómo se gestó la "ley mordaza" de Abbott

Por David Muñoz y Andrea González Schmessane

El miércoles 17 de octubre, casi un centenar de hombres y mujeres vestidos de rigurosos trajes, mayoritariamente en tonos grises, comenzaron a repletar los asientos de uno de los salones del Best Western Marina Hotel de Alonso de Córdova, en la comuna de Las Condes.

Eran las primeras horas de ese día, y la convocatoria era a jornada completa. El fiscal nacional, Jorge Abbott, y su equipo de comunicaciones habían invitado a todos los fiscales regionales y directores ejecutivos y a un grueso de funcionarios, asesores comunicacionales, periodistas y administrativos a discutir sobre lo que podría ser uno de los principales legados de su mandato: una nueva política de comunicaciones para el órgano persecutor.

El equipo de Abbott recogió las opiniones de los presentes y sintetizó los resultados de la jornada, donde la imagen que proyecta la institución hacia la ciudadanía, hacia los “usuarios” del sistema penal, fue uno de los principales temas de debate.

Pero la sorpresa fue mayor hace unos días al interior de Ministerio Público, cuando fiscales adjuntos y funcionarios descargaron de sus correos electrónicos el documento de 18 páginas que les enviaba la oficina del fiscal nacional.  La “Política de Comunicaciones de la Fiscalía de Chile 2018-2022” contenía expresiones que advertían una limitación que, varios fiscales calificaron, en privado, como “sin precedentes”. Incluso, fiscales y funcionarios la calificaron como una “ley mordaza” que vulneraba la libertad de expresión, según la Asociación Nacional de Fiscales, que fue el altavoz de la molestia interna que ha ido creciendo con el paso de los días.

Factor Dávalos

“Cabe señalar que como se explica en el instructivo del Ministerio Público aprobado por la Asociación de Fiscales en diciembre pasado, las filtraciones son un delito funcionario y por extensión se tratan de un acto de corrupción”, las palabras de Sebastián Dávalos, hijo de la presidenta Michelle Bachelet, el martes pasado a la salida de la Corte de Apelaciones de Rancagua, luego de ser sobreseído de la arista principal del caso Caval, cayeron muy mal al interior de la institución, y alentaron las voces críticas a la reciente política de Abbott. Y es que Dávalos utiliza en sus descargos precisamente la cuestionada expresión: la que califica como “actos de corrupción” las llamadas “filtraciones”.

“La filtración o divulgación indebida de información sujeta a reserva es una infracción grave de los deberes funcionarios, lo que para el Ministerio Público constituye un acto de corrupción”, dice el documento que aún no ha sido publicado en el sitio web institucional.

La arremetida del primogénito de la mandataria apuntaba al fiscal regional de O´Higgins Emiliano Arias, quien dirige el equipo investigativo del caso Caval, por lo que sus dardos no eran para nada al azar: Arias se encuentra enfrascado en una pública disputa con su superior jerárquico, precisamente, a causa de problemas de libertad de expresión.  Dávalos jaló el gatilló con precisión y en el momento justo.  

“Es muy grave porque la palabra que usa el fiscal nacional ha dado pie para que personas como Sebastián Dávalos se refiera a la entidad como una fiscalía corrupta”, dice Trinidad Steinert, presidenta de la Asociación de Fiscales a T13 Semanal.

Para varios al interior del Ministerio Público, el nuevo reglamento venía con “nombre y apellido”.  Es de conocimiento público que el fiscal regional de O’Higgins tiene un historial de disputas con Abbott: sumariado por dar una entrevista en el diario La Tercera en 2016 donde advertía que podía haber “más casos como el de Orpis y más empresas que hayan hecho donaciones a políticos”, y decía, como agregado que “la Ley de Pesca es una ley en cuya formación se cometieron delitos”. Dichas expresiones lo dejaron fuera del caso Corpesca y resquebrajaron su relación con el fiscal nacional. Esta situación se tornó irreversible, cuando el propio Arias, en un hecho inédito, presentó un recurso de protección en contra de su superior. Aunque no le fue bien, la escena se repitió tras ser acusado por la defensa de los imputados de la empresa eléctrica CGE en la indagatoria por los incendios forestales del verano pasado, quienes lo acusaron de adelantar información del caso y juicios a través de una entrevista radial.

¿El resultado? Un sumario, y una sanción administrativa con el 5% de su sueldo, de la que nuevamente recurrió a la Corte de Apelaciones, sin éxito. Aunque le queda aún la Corte Suprema, Arias dice que llegará hasta las últimas consecuencias: no descarta recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

“El documento de Abbott es un claro atentado a la libertad de expresión, que según lo han dicho organismos internacionales, no sólo es un derecho sino un deber. Y lo digo como una ciudadana: todas las personas tenemos el derecho a contar con información adecuada sobre temas de interés público. Y sucede que la delincuencia es un tema de interés público, con mayor razón cuando se trata de actos de corrupción”, dice Marisa Navarrete, mujer de Arias y su abogada en los procesos penales contra la institución.

El origen de la “mordaza”

El 15 de octubre de 2015, en su exposición ante la comisión de Constitución del Senado, después de haber sido nombrado por la presidenta Michelle Bachelet y cuando su ratificación dependía de lo que votara el Senado, Abbott fustigó con fuerza las “filtraciones” de información sensible en casos de alta connotación. Ante los senadores, dijo considerarlas “graves” y se comprometió a perseguirlas justo en un contexto en el que partidos como la UDI emprendieron un aguerrida ofensiva para aplacarlas tras el estallido de los casos Penta, SQM y Corpesca, o, el propio Caval.

Una vez asumido, Abbott encargó al fiscal regional Centro Norte, Andrés Montes, como fiscal exclusivo para investigar una larga lista de casos, e incluso tiempo después promovió junto a un grupo de senadores, en el marco de la agenda corta antidelincuencia del gobierno, una norma que sancionaba a cualquier persona que filtre información de una investigación judicial.

Aunque la medida no consiguió sortear el trámite legislativo –fue rechazada posteriormente en la Cámara de Diputados- es en estas maniobras donde en el Ministerio Público señalan que se refleja la verdadera “doctrina Abbott” cuyo sello se hizo más evidente en los últimos días con la nueva política comunicacional.

Pese a ello, en la Fiscalía Nacional se apuran en desvirtuar esta realidad.

Dicen que la nueva política era uno de los temas pendientes de la gestión de su antecesor Sabas Chahuán y que se arribó al documento después de un largo proceso de estudio que incluyó cambios en el equipo comunicacional, pero también la contratación de una asesoría externa.

La periodista Verónica Cerda, quien fue contratada a través de un head hunter, asumió en los primeros meses de gestión de Abbott como jefa de la Unidad de Comunicaciones, y fue quien a través de un “convenio marco” contrató a la agencia Punto Norte Comunicaciones una consultoría que incluyó encuestas internas y externas, es decir, a usuarios del sistema penal, y personas de influencia en el sistema de justicia.

El estudio que tuvo un costo de alrededor de $30 millones de pesos, según dicen en el Ministerio Público, y sirvió de base para redactar el texto –junto con la jornada en el Western Unión Marina Hotel- que a fines de octubre Abbott tuvo en sus manos para ser analizado junto a su directora ejecutiva, Francisca Werth.

Pero no fue hasta el 12 de diciembre pasado, que la propuesta fue llevada al consejo general de fiscales, que reúne a los 18 fiscales regionales de todo el país. Según quienes conocieron el contenido de la discusión que dirigió Abbott, fue en dicha instancia en la que se agregó el párrafo de la controversia: a petición de un par de fiscales se incorporó la expresión “actos de corrupción”, la que finalmente fue aprobada por el grueso del consejo, es decir, por todos los jefes del Ministerio Público.

Pero, hay aquí un detalle no menor: el único fiscal regional que no asistió fue Emiliano Arias, quien, de hecho, no ha concurrido a los últimos dos consejos que, por ley, son trimestrales y, obligatorios. Aunque dicen en la fiscalía que Arias ha presentado excusas formales, otras fuentes señalan que su relación con el fiscal nacional se encuentra en “punto muerto”.

Los “tuiteros”

Hubo otro párrafo de la política comunicacional de Abbott que despertó inquietud en las filas del Ministerio Público.  Uno que invita a los fiscales a “abstenerse” de emitir opiniones relacionadas con “investigaciones penales actuales o con ámbitos que anticipen posiciones o juicios en casos que podrían ser objeto de tratamiento institucional a futuro”.  La frase continúa asegurando que “resguardando el derecho a la libertad de expresión, tal específica abstención se extiende a todo tipo de canales de comunicación, sean oficiales o no”. Esta última distinción, que incluye los “canales informales” molestó a varios fiscales que acostumbran a utilizar redes sociales como forma cotidiana de expresión.

“Estimamos que cuando se señala el tema de las filtraciones u opiniones en medios oficiales o no oficiales, se puede estar afectando a la vida privada de las personas que trabajan en la fiscalía, y es por eso que no compartimos la nueva política comunicacional”, dice Steinert.

Desde el Ministerio Público han defendido a brazo partido la nueva política. En la Fiscalía Nacional señalan que la nueva normativa no restringe la libertad de expresión y que dicha interpretación es errada.

“Pretender que el deber de abstenerse de emitir opiniones que anticipen posiciones o juicios en casos actuales o en ámbitos que podrían ser objeto de tratamiento institucional a futuro, es una vulneración a la libertad de expresión, constituye una preocupante falta de comprensión. Es una interpretación que no se ajusta al espíritu que mueve a la política de comunicaciones”, explicaron ayer desde el órgano persecutor.

El jueves, el fiscal nacional desayunó con un grupo de periodistas que cubren habitualmente las informaciones del sector judicial, en el que se insistió en este punto. Según quienes estuvieron presentes en la conversación, Abbott señaló que las filtraciones de información ocurren en un 90% por la acción de los intervinientes del proceso, mientras que en un porcentaje menor por los fiscales. “Cuando un fiscal filtra, es a cambio de algo, a cambio de fama”, dicen que habría dicho a los periodistas, quienes discutieron el punto.