Los senadores de partidos de oposición y los dos independientes informaron, la tarde de este viernes a través de un comunicado, que votarán a favor del proyecto que permite el retiro de hasta el 10 por ciento de los fondos de pensiones, en caso de que la iniciativa sea aprobada por la Cámara de Diputadas y Diputados.
LEE TAMBIÉN: Gobierno saca la calculadora en el Senado: con 2 votos oficialistas se aprobaría retiro de pensiones
"Frente a la eventual aprobación por la Cámara de Diputadas y Diputados del proyecto que habilita este mecanismo, y la falta de iniciativa del Ejecutivo, los senadores de oposición e independientes, manifestamos desde ya nuestra voluntad de apoyar una medida de este tipo”, dice el comunicado firmado por los 22 parlamentarios de partidos de oposición más los independientes Alejandro Guiller y Carlos Bianchi.
“Hacemos un llamado al gobierno para que, efectivamente, haga el máximo esfuerzo para destinar los recursos necesarios para apoyar a las personas y se allane a posibilitar el retiro de fondos desde las AFP, con las regulaciones y resguardos que sean necesarios, para evitar males mayores para el país”, agrega.
La norma, al igual que en la cámara baja, tiene un quorum de tres quintos (3/5), es decir, necesita de la aprobación de 26 senadores, por lo que con esta comunicación solo faltarían dos votos que tendría que llegar necesariamente desde el oficialismo.
Precisamente algunos senadores de la UDI se han mostrado abiertos a esta posibilidad. El senador David Sandoval -quien figura como autor de un proyecto similar en la cámara alta- aseguró en las últimas horas que "si no hay otro mecanismo, yo no me cierro a considerar esa posibilidad".
Otro parlamentario que mira con atención el Ejecutivo es el RN Juan Castro, quien dijo que mantendría en reserva su voto y que está a la espera de conversar con el gobierno y “ver cómo somos capaces de apoyar a la clase media",
La declaración de la oposición dice que “estamos convencidos que, si el retiro de fondos desde las AFP es debidamente regulado y limitado, no debe significar trastornos mayores al sistema de pensiones ni a la economía. Para ello, ayudaría mucho que el Ejecutivo participara y no se restara de este proceso”.
