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Política

Senador Castro solicita declarar inadmisible querella en su contra: se presentó por "falsificaciones de firmas"

Aton- Senador Juan Luis Castro (PS)
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Entre los argumentos que expone su abogado se encuentra que los hechos "no constituyen un delito contra la probidad pública" y que no se afecta la investigación porque la Fiscalía ya está indagando.
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El senador socialista, Juan Luis Castro, a quién se le apunta por la presunta falsificación de firmas de sus pares Ximena Órdenes (PPD) y Fidel Espinoza (PS), solicitó al Juzgado de Garantía de Valparaíso, por medio de su abogado, Juan Pablo Montes, declarar inadmisible la querella de la Fundación Fuerza Ciudadana, a raíz del caso. 

La controversia se produjo esta semana, cuando Castro, jefe del comité del Socialismo Democrático, retiró los permisos constitucionales de los senadores mencionados, que habían sido presentados para poder participar de la gira presidencial a Asia. Ello, con la supuesta finalidad de alterar los quórums en la votación de la Ley de Presupuestos 2027. 

Esta acción, sin embargo, no fue autorizada por los parlamentarios y así lo dejó en evidencia Órdenes, quien escribió una carta que fue leída en la Sala de la Cámara Alta por el senador Pedro Araya (PPD). En ella negó haber firmado el retiro del permiso y manifestó su preocupación.

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Una vez que Araya leyó la carta, el senador Rodolfo Carter (ind.-REP) solicitó que los antecedentes fueran remitidos al Ministerio Público, el cual inició una investigación. 

A la indagatoria de la Fiscalía se sumó la querella de la fundación por los delitos de falsificación de instrumento público y uso malicioso de instrumento público falso y por los de falsificación y uso de instrumento privado.

Aton- Senador Juan Luis Castro (PS)
Aton- Senador Juan Luis Castro (PS)

En el documento, el abogado de Castro plantea que "la querellante no invoca la calidad de víctima. Funda su legitimación exclusivamente en el artículo 111 inciso segundo del Código Procesal Penal, sosteniendo que los hechos comprometerían la probidad pública exigida por el artículo 8 de la Constitución Política y por el artículo 5.º A de la ley N.º 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional". 

Y defiende que los hechos querellados no constituyen un delito contra la probidad pública, que reconoce que su legitimación es hipotética, que el domicilio de la querellante no se encuentra acreditado y el único que sí lo está se encuentra en otra región (uno de los requisitos de la norma), y que al declarar inadmisible el acto jurídico no se afecta la investigación, pues la Fiscalía Regional de Valparaíso ya inició una de oficio.  

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