Podría salir de prisión: Tribunal fija fianza de $70 millones para exalcalde de Rancagua imputado por delitos de corrupción
Aton- Juan Ramón Godoy, exalcalde de Rancagua
T13 En Vivo
Si bien el Juzgado de Garantía de Rancagua decidió mantener la prisión preventiva del exalcalde de la comuna Juan Ramón Godoy, fijó durante la tarde del lunes una fianza de $70 millones para su libertad. El exedil es imputado por delitos de malversación de caudales públicos, lavado de activos, fraude al fisco, delitos tributarios y cohecho agravado y reiterado.
Avanza proyecto de fin al CAE: Despachan nuevo financiamiento para la educación superior
Al pagar la caución solicitada por el tribunal, el exedil de Rancagua deberá cumplir con arresto domiciliario total. Sin embargo, su defensa declaró que Godoy no tiene la “capacidad económica” para pagar la fianza, por lo que de ser ratificada la decisión del tribunal por la corte de apelaciones, hipotecarán un inmueble.
“El tribunal decretó una caución de 70 millones de pesos, pero se puede constituir una hipoteca. Por lo tanto, una vez que tengamos los antecedentes suficientes y la disponibilidad de un inmueble que pueda ser constituido una hipoteca lo haremos presente al tribunal”, aseguró Hugo Zamorano, abogado defensor del exalcalde.
Fiscalía apelará decisión del tribunal de Rancagua
La prisión preventiva que había sido fijada con anterioridad y que se ratificó este lunes se determinó porque existe peligro de fuga. Es por eso que el fiscal de Alta Complejidad de la Región de O´Higgins, Nicolás Nuñez, confirmó que presentarán un recurso de apelación, porque están en desacuerdo con la resolución.
La madre tenía medida cautelar para no acercarse a la bebé: Lo que se sabe del caso de la lactante raptada por su mamá
“Creemos que el imputado Juan Ramón Godoy es un peligro para la sociedad, está siendo investigado por delitos de extrema gravedad y, por lo tanto, las penas asignadas a estos también son superiores a los 10 años y un día”, aseguró el fiscal.
El tribunal, por el contrario, determinó que "no constituye un peligro para la seguridad de la sociedad por cuanto ya no tiene el carácter de funcionario público, la investigación se encuentra prácticamente agotada y lo único que sustenta la prisión preventiva es el cumplimiento de la pena".
