Ad portas de su formalización: Gabriel Silber ficha como abogado a exjefe jurídico y contralor del Senado
El exdiputado Gabriel Silber enfrentará este martes su formalización.
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El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago vivirá este martes un nuevo episodio de la trama bielorrusa, donde se investigan sobornos por parte de los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos a la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, a cambio de fallos favorables para sus clientes.
Al banquillo de los acusados se sumará el exdiputado DC Gabriel Silber, abogado que trabajaba en el mismo estudio que Vargas y Lagos.
A diferencia de ellos, Silber desde el principio de la causa firmó un acuerdo de colaboración eficaz con la fiscalía de Los Lagos y ha buscado cooperar en distintas instancias, a través de la entrega de información, la apertura de sus cuentas bancarias y otras diligencias.
Fuentes consultadas por Reportajes Teletrece señalaron que el acuerdo “se mantiene intacto” y que la decisión de la fiscalía responde “solo a una decisión procesal”.
El exdiputado, además, sumó a su equipo jurídico –que lidera la abogada Susana Borzutzky– a Juan Pablo Montes Mery, exjefe del área de Asesoría Jurídica y contralor del Senado, cargo en que se desempeñó hasta julio de este año.
Desde el entorno de Silber aseguraron que la decisión responde a una contingencia que sufrió su equipo inicial y que Montes Mery viene a reemplazar algunas funciones estratégicas.
En su antiguo cargo en el Senado, Montes Mery recibía una renta bruta mensual que oscilaba entre los $8,5 y $11,5 millones. Se desempeñó en la Defensoría Penal Pública durante 18 años y tuvo un paso por el Conservador de Bienes Raíces de Melipilla.
La decisión de la fiscalía de formalizar a Silber se habría fundado en un informe del OS9 de Carabineros que estableció que el exdiputado recibió $95 millones de origen ilícito. Sin embargo, desde el entorno del exparlamentario aseguran que ese dato él ya lo había entregado en el pasado.
Un nuevo capítulo que sumará esta compleja trama de corrupción que tiene como centro el rol que tuvo la exministra Ángela Vivanco en la tramitación en la Corte Suprema sobre un litigio que enfrentó a Codelco con el Consorcio Belaz-Movitec, por incumplimientos de un millonario contrato entre la estatal y la empresa de origen bielorruso.
