Director del Sermig critica el manejo del exPresidente: “A Boric se le salió de las manos la migración irregular y le estalló en la cara”
El director de Migraciones, Frank Sauerbaum, indicó que llevan más de 2 mil personas expulsadas desde que llegó al cargo en marzo pasado. Para el próximo año incrementó su presupuesto en seis mil millones para los vuelos de salida.
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El viernes 23 se concretó el vuelo número 11 de este gobierno en materia de expulsión de migrantes. Con 76 personas a bordo, en siete meses ya contabilizan más de dos mil extranjeros de regreso a sus países.
Una estadística que resalta el exdiputado Frank Sauerbaum, quien está a cargo de la Dirección Nacional de Migraciones desde el 11 de marzo pasado. “El análisis que nosotros hacemos es muy simple, si la persona entró por un paso no habilitado no hay nada que conversar, simplemente no se puede regularizar en Chile, la persona tiene que salir del país”, sentencia el militante de Renovación Nacional.
En conversación con Reportajes Teletrece Sábado también destaca el “apoyo” que tuvo en el Congreso con diversas votaciones que permitirán que su plan de “orden”–como lo denominó–avance con recursos y certeza legal.
Por ejemplo, revela, que en la comisión mixta del Presupuesto 2027 obtuvo un aumento de seis mil millones para concretar las deportaciones. Es decir, de $4.000 pasó a $11.604 millones para usar el próximo año. Y no sólo eso:
“Estamos más tranquilos y satisfechos porque se aprobó el proyecto de ley que va a facilitar las expulsiones administrativas que tenía una serie de trabas. El hecho de que hoy día la PDI pueda ingresar a los domicilios, por ejemplo, para poder detener a una persona nos va a ayudar", recalca el exparlamentario.
–¿Qué otros cambios legales se integrarán prontamente?
–También se aprobó una norma que facilita la notificación y la ejecución de la expulsión, porque hoy teníamos el gran problema de notificar. No teníamos direcciones ni correos electrónicos. Entonces el servicio va a poder pedir las direcciones y los correos, por ejemplo, a distintos agentes menos a los de salud y a los centros educacionales. En todo caso, los menores de edad en Chile no son expulsables, por lo tanto, no era de nuestro interés. Pero sí vamos a tener más y mejor acceso a información para poder comunicar expulsión.
–¿En qué quedó la expulsión de los extranjeros detenidos en las manifestaciones de la conmemoración del 18 de octubre?
–Justamente hoy (jueves 22 de octubre) vamos a firmar el decreto de expulsión. Se lo llevamos a Max Pavez, que es el subsecretario del Interior para que los expulse. Nosotros ya hicimos todo el trámite y por lo tanto después de eso van a tener unos días para poder hacer una reclamación. Si no se acoge, nosotros los podemos expulsar rápidamente.
–¿Cuál fue el contexto de la detención que provocó la decisión de expulsarlos?
–Fueron detenidos por Carabineros en la marcha. Efectivamente estaban realizando actos violentos en contra de la propiedad pública y privada. Ahí se dieron cuenta también, por ejemplo, de que algunos portaban arma blanca, otros tenían droga. Lamentablemente lo que más llama la atención es que cinco de los seis tenían residencia definitiva en Chile. O sea, son personas que viven hace mucho tiempo en Chile. Ellos podrían eventualmente optar a la nacionalidad. De hecho, uno de ellos estaba postulando, pero se le rechazó.
Llama mucho la atención de que hay gente que en el fondo pide vivir en el país, nosotros le demos la posibilidad de hacerlo y que tengan este comportamiento. Uno de ellos era un venezolano que entró por un paso no habilitado y esa persona también nosotros le damos el decreto de expulsión.
Idea de usar fondos AFP para expulsiones: “Es una posibilidad (pero) no hemos tenido avance”
–En marzo pasado cuando usted asumió planteó la idea de que las mismas personas con decreto de expulsión “financiarían” el vuelo de regreso a sus países con dinero de sus cotizaciones. ¿En qué quedó ese planteamiento?
–Sí, bueno. Es una posibilidad que tiene que eventualmente presentar un proyecto de ley el ejecutivo. Nosotros lo planteamos en su momento como una idea, pero no hemos tenido avance. Lo que sí puedo decir es que hemos tenido una estrategia para expulsiones que son diversas y que en el fondo nos han traído mejor resultado, por ejemplo, como lo que hicimos con las salidas voluntarias.
Nosotros hemos fomentado mucho la salida voluntaria de las personas. Primero, facilitando la salida sin tantas multas. Han salido hoy día 11.011 personas hasta la semana pasada y el 80% de esas personas son todas venezolanas. La gente ha ido entendiendo que en Chile no se puede seguir viviendo ilegal, porque le vamos cerrando el cerco.
–¿Qué otras cosas han detectado en las fiscalizaciones sobre ilegalidad laboral?
–Todavía tenemos una fiscalización permanente a quienes contratan ilegales. Estamos sacando las multas respectivas. En su momento, anunciamos un cruce de información con la superintendencia de pensiones y ahí se determinó que habían 220.000 personas en Chile contratadas pagando cotización provisional que no tenían permiso para trabajar. Entonces, son 41.000 empleadores que contrataron a una persona ilegalmente y nosotros hoy día estamos cursando esa multa.
–En ese sentido, ¿los ciudadanos extranjeros están más temerosos de llegar a Chile?
–Hoy día tenemos un 93% menos de ingresos irregulares. El año pasado en esta misma fecha teníamos más de 4.800. Hoy tenemos 300 personas que entraron ilegalmente al país. Eso trae como consecuencia una disminución importante del ingreso y eso nos permite adentro ordenarnos. Si seguíamos recibiendo personas era casi imposible poder hacer un ordenamiento migratorio dentro del país.
–Sobre ese orden. Usted indicó que habían 46.000 decretos pendientes. ¿Cómo va ese proceso?
–Cuando nosotros llegamos al gobierno había 46.000 decretos de expulsión que no se ejecutaron. Hoy día esa cifra más o menos llega a 50 000. Pero nosotros estamos haciendo justamente–en este momento–un análisis de cada una de ellas, porque nos hemos dado cuenta de que muchas de esas personas que tenían orden de expulsión han ido saliendo voluntariamente. Eso seguramente va a disminuir mucho.
“El acuerdo consular (con Venezuela) todavía no se cierra”
–Hace unos días, la Cancillería anunció que se retoman las relaciones consulares con Venezuela. ¿Cómo debería avanzar el proceso con los ciudadanos venezolanos?
–Nosotros hoy no podemos expulsar a venezolanos porque el acuerdo consular todavía no se cierra. Cuando eso pase seguramente nosotros vamos a poder expulsar semanalmente a muchas personas, pero también sacando a personas voluntariamente que quieren irse del país. Venezuela se tiene que abrir no solamente para los expulsados, sino que también para los que quieren volver voluntariamente en vuelos solidarios, que nosotros también estamos dispuestos a colaborar con eso.
–¿De qué tratan esos vuelos solidarios?
–Hay mucha gente que tiene situaciones humanitarias. Por ejemplo, hace unos días nos llamaron del norte que había dos adultos mayores que eran venezolanos que se querían ir porque estaban muy enfermos en un hospital y nosotros no los podemos mandar.
Otro ejemplo: hay menores de edad que están en Chile, venezolanos, que tienen a sus padres encarcelados y que hoy día están en centros de menores. Los adultos responsables, como el abuelo, lo están pidiendo en Venezuela, pero nosotros tampoco lo podemos mandar. Entonces, pasan una serie de situaciones que son muy específicas, pero son muy dramáticas que no se pueden solucionar por la relación que tenemos hoy con Venezuela.
–Esos procesos que se judicializan. ¿Usted lo percibe como un negocio ante los masivos recursos que se presentan en tribunales?
–Bueno, es bien evidente que hay una industria dedicada hace un tiempo que se hace a través de abogados nacionales y también de gente que viene desde fuera para poder atender las necesidades de los migrantes. Lamento que así sea porque lo más terrible de todo es que estas personas que judicializan su situación quedan en un limbo migratorio que los afecta más todavía, porque no se pueden expulsar en algunos casos, pero tampoco se pueden regularizar.
La Corte siempre nos ha propuesto que nosotros detengamos la expulsión y analicemos la situación nuevamente de las personas. Pero el análisis que nosotros hacemos es muy simple: si la persona entró por un paso no habilitado no hay nada que conversar, simplemente no se puede regularizar en Chile, la persona tiene que salir del país.
–A partir de esa visión, ¿la judicialización del proceso podría dejar más desamparado al ciudadano extranjero?
–Esas personas quedan con un perjuicio mayor que incluso la expulsión, porque por último la expulsión te da la posibilidad de irte a tu país, esperar un tiempo y volver a Chile regularmente. Lo peor que le puede pasar a una persona que tiene orden de expulsión es que la expulsión no se ejecute, se quede dentro del país sin ningún tipo de regularización. No se puede bancarizar, no puede arrendar, no puede hacer nada porque finalmente está ilegal y termina perjudicando más que beneficiando a la persona.
–Son más de 2.000 expulsiones desde que asumieron en marzo. ¿Qué cambió en comparación a los lineamientos de la administración anterior?
Diría que hubo poca voluntad y además que la mirada del gobierno anterior respecto a la migración irregular era totalmente distinta a esta. Creo que a Boric se le salió de las manos la migración irregular y le estalló en la cara considerando frases como la que él decía: ´El problema de Chile es que tenemos muchos chilenos´, ´bienvenidos los hermanos extranjeros´.
Entonces, hubo un descuido en la frontera norte también tremendo. Eso hizo dar una facilidad enorme a mucha gente que ingresó y que legítimamente venía escapando de regímenes totalitarios y fracasados como Haití o Venezuela, pero que también se mezcló con el tráfico de drogas y el crimen organizado. Ese descuido le costó caro a Chile y la ideología con la que se enfrentó el problema migratorio hoy día nos está pasando la cuenta.
–A partir de esa visión, ¿hubo una disposición distinta en el gobierno del Presidente Boric?
Evidentemente había una disposición distinta. El primer vuelo del gobierno del Presidente Boric se hizo el 26 de octubre del año 2022. Y nosotros desde el 11 de marzo al 23 de octubre de 2026 vamos a tener 11 vuelos. Esa es la diferencia. ¿Qué más patente que eso?.
