Lo nuevo. El ministro de Transportes, Louis de Grange se encuentra en pleno proceso de revisión del reglamento de la Ley Uber, heredado por el gobierno de Boric. Para las actuales autoridades, las medidas terminan contrayendo la oferta, encareciendo servicios y afectando el empleo. También advierten que el reglamento amenazaba con deteriorar el servicio e incluso llevarlo a desaparecer en algunas comunas.
- La norma ya había avanzado en su tramitación. En abril de 2025, el Ministerio de Transportes informó que Contraloría tomó razón del reglamento y que la ley entraría en vigencia 30 días después de su publicación en el Diario Oficial.
- Ese último paso, sin embargo, no se concretó antes del cambio de mando. De Grange reconoció que personalmente le pidió al entonces ministro Juan Carlos Muñoz que no publicara el texto, abriéndose así espacio para su revisión.
- En una entrevista en La Tercera, De Grange señaló que “el gran impacto que tenía el reglamento era sobre el empleo (…) otra falencia era que para hacer aplicable el reglamento tenías que contar con una plataforma tecnológica que aún no está construida y que tiene para varios meses más. O sea, el diseño tanto del reglamento como el avance en las plataformas estaba mal logrado. Si alguien quería ingresar con la versión del reglamento, tenía que tener un auto prácticamente nuevo. Entonces te das cuenta que al final el reglamento como estaba destruía la industria de las aplicaciones”.
Los cambios en carpeta. La ofensiva del Ejecutivo se concentra en exigencias técnicas y operativas de la Ley Uber que, según De Grange, podían dejar fuera a una parte relevante de los autos y conductores que hoy participan en este mercado.
- El primer punto es la cilindrada mínima exigida para operar. En el ministerio consideran excesivo el umbral de 1.400 cc, por lo que en la nueva versión del reglamento esa exigencia se reducirá. El argumento es que la tecnología automotriz ha evolucionado y que hoy existen vehículos con motores más pequeños que cumplen adecuadamente con los estándares de seguridad y desempeño.
- El segundo ajuste apunta a la antigüedad de los vehículos. Aquí hay un matiz importante: la exigencia de un año de antigüedad no implica que todos los autos que hoy operan en plataformas queden automáticamente excluidos. Lo que hace esa regla es endurecer la entrada de nuevos vehículos al sistema, al exigir que, para inscribirse por primera vez, el auto sea prácticamente nuevo. Es decir, más que sacar de inmediato a los actuales, lo que hace es estrechar la puerta de entrada para quienes quieran incorporarse en el futuro. Ese es uno de los puntos que el gobierno de Kast busca flexibilizar.
- El tercer frente está en la operación territorial. De Grange sostuvo que el reglamento heredado imponía restricciones “absurdas”, como impedir el desplazamiento entre comunas vecinas, lo que podía traducirse en menor cobertura y mayores tiempos de espera, sobre todo fuera de las zonas de mayor demanda. A eso sumó un problema administrativo: para aplicar el reglamento se requería una plataforma tecnológica que aún no estaba completamente construida.
- Con esos elementos, el ministro estima que, de haber entrado en vigencia el reglamento tal como estaba, la oferta podría haberse reducido entre un 80% y un 90%, dejando fuera a cerca del 85% de los vehículos y conductores.
El límite de la flexibilización. La revisión del reglamento no equivale a desregular por completo el sistema. La propia ley Uber mantiene pilares estructurales y uno de los más relevantes es la exigencia de licencia profesional para los conductores.
- La Ley 21.553 establece como infracción grave operar con conductores que no posean licencia profesional para el transporte de pasajeros. Aunque para De Grange ese punto es debatible, no lo modificará porque forma parte de la ley y no del reglamento.
Por qué importa. Lo que está en juego para el Gobierno es hasta qué punto una norma puede endurecer exigencias sin terminar afectando cobertura, tarifas y empleo.
- La apuesta del Ejecutivo es que, cuando una regulación heredada genera barreras de entrada demasiado altas o reduce la oferta de un servicio masivo, debe corregirse antes de que sus efectos se consoliden. Pero eso, advierten en el oficialismo, no implica ausencia de control ni desregulación total del sistema.
La controversia. La reapertura del reglamento también abrió una disputa con el exministro Juan Carlos Muñoz, quien cuestionó parte del diagnóstico de De Grange sobre sus efectos reales. El punto de fondo es que no hay consenso sobre cuánto apretaba realmente la norma heredada: para el actual gobierno, amenazaba con reducir oferta y cobertura; para sus defensores, esa lectura exagera sus efectos.
Lo que viene. El Gobierno trabaja en una nueva versión del reglamento, que deberá coordinarse con la Segpres y la Contraloría antes de su publicación. La apuesta de Transportes es corregir los puntos considerados más restrictivos, sin alterar los pilares que la ley Uber ya dejó establecidos.
