Por qué importa. Los cuatro meses transcurridos desde que el Programa de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia comunicó a la hija de Bernarda Vera los hallazgos en el caso y el momento en que se alertó al ministro en visita Álvaro Mesa que la exmirista registrada en el informe Rettig como detenida desaparecida estaría viva, generó la interrogante sobre los motivos para esperar más de cien días para informarlo a la Justicia.

  • Este lunes 29 de septiembre, el Ministerio de Justicia abordó en un comunicado de prensa el reportaje del domingo de Chilevisión que mostró a quien sería Bernarda Vera Contardo, con 79 años, viviendo con su mismo nombre en Miramar, Argentina.
  • La mirista, de entonces 27 años, había sido acusada de participar en un atentado a un retén de Carabineros un día después del golpe de estado. De acuerdo con el informe Rettig, tras esto fue detenida y desaparecida en Trafún, al norte de Osorno, el 10 de octubre de 1973.
  • El reportaje detalló que la mujer llegó a Argentina con la ayuda del mirista sueco Svante Grände, desde donde emigró a Suecia y recibió un permiso de residencia en 1978 y luego la nacionalidad en 1984. Desde allí habría regresado a Argentina en 1999.
  • El caso abrió un flanco para el Plan Nacional de Búsqueda de Víctimas de Desaparición Forzada en Dictadura lanzado en agosto de 2023 por el Presidente Gabriel Boric, luego de que el expolicía Sandro Gaete —quien renunció en agosto al programa— acusara que el gobierno tuvo evidencias de este hecho en 2024 y antecedentes que se remontaban a 2007.

La información al ministro en visita. “En mayo de 2025 se recibe por primera vez información documental concreta del caso, aportada por el Estado sueco”, dijo el comunicado de la cartera de Justicia del lunes.

  • Esta información correspondía a la confirmación de que una mujer llamada Bernarda Vera, de su misma edad, había emigrado a ese país y recibido la nacionalidad sueca.
  • “Si bien la información recibida no es concluyente para conectar la identidad de la persona consignada en ellos como ‘Bernarda Vera’ con la de la víctima calificada por la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, por carecer de trazabilidad documental o datos biométricos que permitieran concluir una individualización de la persona, el peso de esta nueva información llevó a las autoridades ministeriales a instruir en mayo de 2025 remitir dichos antecedentes nuevos al Sr. ministro en visita extraordinaria para causas de lesa humanidad entre 1973 y 1990 con competencia en la causa, don Álvaro Mesa”, dijeron.
  • El magistrado de la Corte de Apelaciones de Temuco abrió un cuaderno reservado para realizar sus pesquisas.

La información a la familia. La cartera detalló también que “se actualizó la información a la familia en enero”, es decir, cuatro meses antes que al ministro en visita.

  • El ministro de Seguridad Luis Cordero —quien en octubre fue sucedido en la cartera de Justicia por el actual ministro Jaime Gajardo (PC)—, dijo el martes en radio Infinita que “uno de los objetivos centrales del plan es atender la situación de las víctimas y particularmente de sus familiares. Y por eso en enero de este año el programa tomó la decisión de comunicarle a la hija”.
  • “A la hija de se le informa de las investigaciones, las indagaciones que había estado desarrollando el plan nacional de búsqueda; los antecedentes y testimonios de terceros que se tenía hasta ese momento y las acciones de requerimiento de información adicional que el estado de Chile estaba haciendo”.
  • Cordero recalcó que carecían de antecedentes de que la hija, quien recibe una pensión estatal, supiera que su madre estaba viva.
  • Sobre los motivos para informar en mayo al magistrado sostuvo que “el caso de Bernarda Vera era un caso que había sido sobreseído, y el estado tenía que acompañar antecedentes para que se pudiera continuar (la indagación)”.

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El antecedente de 2012. El libro de memorias “De Carranco a Carrán” que el exmirista José Manuel Bravo Aguilera publicó en 2012 con editorial Lom, mostró hace 13 años un testimonio público que cuestionaba la versión del informe Rettig de que Bernarda Vera, alias Anita, había sido detenida y desaparecida el 10 de octubre de 1973.

  • El texto detalló la huida de José Bravo por los cerros del sur tras el golpe de estado, con un grupo de miristas que incluía a “Anita”, nombre político de Bernarda Vera.

Cifras. Las cifras oficiales registran 1.469 víctimas de desaparición forzada durante la dictadura: 307 cuerpos han sido entregados a los familiares.

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