Qué observar. Luis Alarcón es conocido como el líder o vocero de la toma de Quilpué, cuyo origen está relacionado con el homicidio por encargo de Alejandro Correa, dueño de los sitios, en mayo de 2020. El loteo empezó un mes cuatro días antes del crimen.
- La víctima había denunciado la situación y conversó con Alarcón: “Terceros ingresaron a terrenos de mi propiedad y están marcando sitios y comenzando a construir. Ingresaron con una máquina retroexcavadora y comenzaron a hacer caminos interiores. El lunes hablé con uno de ellos, que dijo llamarse Luis Alarcón Cáceres”, dijo Correa.
- “Son unas 30 personas que se encontraban limpiando los sitios, haciendo quemas y comenzando a construir. Entraron por un camino interior y con máquina hicieron un camino para ingresar a mi propiedad. En este punto no había una cerca, sino que montículos de tierra para impedir el ingreso de vehículos desde el camino”.
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Demolición. Cinco años después del crimen -encargado a un sicario colombiano-, el caso llega a un punto crucial. La empresa Río Grande adjudicó la demolición de las casas irregulares construidas en la toma. La compañía se especializa en demoliciones de todo tipo: construcción, masivas, selectivas, parciales, técnicas y a toda altura.
- También realiza demolición automatizada por maquinaria manejada de forma remota tipo robot; demolición de rocas, con martillos hidráulicos y cizallas de gran capacidad y demoliciones controladas. La demolición debería comenzar el lunes 29 o martes 30 de este mes.
El polémico líder. Es una derrota para los pobladores liderados por Alarcón, profesor de Historia de unos 40 años. Se autodenomina “vocero” o dirigente social dentro del campamento que se formó en terrenos reclamados por la familia Correa.
- Fue formalizado por loteo irregular: se le acusa de haber delimitado lotes, construido caminos, asignado porciones de ese terreno a familias, sin las autorizaciones legales pertinentes según la Ley de Urbanismo y Construcciones. Se le acusa también de liderar la toma del terreno, organizar la comunidad de ocupantes, y repartir lotes.
- Hay testimonios de que hizo intervenciones con maquinaria pesada (retroexcavadoras) para caminos internos, marcaciones, etc. La familia Correa presentó denuncias formales contra él, incluyendo querellas por loteo irregular y usurpación de terreno.
- En un juicio abreviado, Alarcón fue condenado por loteo ilegal, con una condena de 541 días de presidio menor en su grado mínimo, pero la pena será cumplida en libertad. La Fiscalía le pidió hasta 5 años de cárcel, pero con el acuerdo del juicio abreviado se rebajó.
- Esa condena incluye la responsabilidad por subdividir lotes sin la debida autorización, demarcar terrenos, hacer caminos, asignar lotes, etc.
- Alejandro Correa, dueño del terreno, fue asesinado en mayo de 2020, pocos días después de denunciar a Alarcón por la toma de terreno. No hay pruebas concluyentes sobre su responsabilidad, pero se le mencionó como “sujeto de interés” en la investigación por sus vínculos previos.
Largo proceso. La orden de demolición, que ya cuenta con una empresa adjudicada, viene a culminar un largo proceso, que la familia describe como “tortuoso”. El 28 de agosto de 2024, la Corte de Apelaciones de Valparaíso ordenó al Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) desalojar y demoler las viviendas que se han construido en los terrenos tomados.
- Sin embargo, para junio de 2025 (casi 10 meses después), esa orden no se había cumplido. La familia Correa (hija Valentina, abogados) ha interpuesto acciones para que las autoridades cumplan la resolución. Entre otras gestiones, solicitaron reuniones con Contraloría y autoridades del Minvu para presionar por el desalojo/demolición.
- El Ministerio de Vivienda ha reiterado que los terrenos no se encuentran en condiciones adecuadas para proyectos habitacionales. El 24 de septiembre de 2025, el Minvu anunció que estaba en curso la licitación para la demolición y que la adjudicación se concretaría “esta semana”.
- El 23 de septiembre de 2025, la alcaldesa de Quilpué criticó la “tardanza” en la coordinación del desalojo. La Seremi de Vivienda de Valparaíso estableció que el 29 de septiembre será la fecha en que se “entregaría” el terreno para empezar la demolición.
Auge de tomas. La abogada de la familia Correa ha advertido que hay temor de que el desalojo produzca una “batalla campal” si no se maneja con cautela. Por lo mismo solicitó una reunión con el Fiscal Nacional Ángel Valencia para que “se designe un fiscal, de tal forma que ante cualquier duda de carabineros se solucione y se detenga por flagrancia permanente a cualquier persona que permanezca en ese lugar. Porque desde la ley de usurpaciones siempre se pudo detener por flagrancia permanente, pero en las tomas no se ha hecho”.
- Se calcula que en Quilpué las tomas han aumentado más de un 100% desde el estallido, que a su vez provocó una tendencia de usurpaciones a lo largo del país, bajo el concepto ideológico de que son “justas” ante una oferta de viviendas sociales que son consideradas estrechas, sin patios y poco habitables, según los defensores de las tomas. En la de Quilpué hay casas con terrenos de hasta 1.500 metros cuadrados.
