1. Lo que dice el acuerdo. El miércoles el ministro de Hacienda, Nicolás Grau (FA) y el ministro del Trabajo, Giorgio Boccardo (FA) firmaron un protocolo de acuerdo con organizaciones sindicales del sector público para fijar un reajuste de 3,4% a 2026 (ver documento al final de la nota). La ANEF no quiso firmar por considerarlo insuficiente.
- El punto más controvertido de documento es el número 14, donde establece que se incluirá en el proyecto de ley de reajuste un impedimento para que los funcionarios a contrata del Estado -los cuales no son de planta- sean despedidos o se cambien sus condiciones laborales, invocando solo “necesidades del servicio”.
- Además que se requerirá dictar un acto administrativo, con hechos y fundamentos de derecho, sustentado en criterios objetivos y acreditables. En la práctica, ese proyecto endurece más aún las reglas que hacen virtualmente imposible los despidos en el aparato público. Además, se deberá notificar al funcionario con 30 días de anticipación, otorgarle facilidades para feriado legal e informar a Contraloría.
- Asimismo, se establece que si el trabajador tiene dos años o más de servicio continuo, podrá reclamar por ilegalidad ante Contraloría.
- En la práctica, el proyecto endurece más aún las reglas que virtualmente imposibilitan despidos de funcionarios públicos. Su número es considerado excesivo por los expertos y es atribuido al gran número de personas que incorporan los gobiernos para otorgar favores políticos.
2. Misil a tesis de Dorothy Pérez. Uno de los problemas de la iniciativa es que busca favorecer la polémica interpretación jurídica del contralor anterior, Jorge Bermúdez, sobre la llamada “confianza legítima”. Según el ex contralor, esta permite que si un funcionario a contrata se mantiene varios años en el Estado, no puede ser despedido.
- Lo anterior generó una avalancha de recursos de funcionarios a contrata para que sean considerados de planta.
- Eso contraviene la tesis de la actual contralora Dorothy Pérez, quien al asumir su cargo dictaminó que los casos de confianza legítima eran una materia de disputa jurídica que les corresponde resolver al Poder Judicial.
- Fallos de la Corte Suprema han señalado que el criterio se puede aplicar a funcionarios que lleven 5 años, pero no hay una normativa clara. El acuerdo del gobierno, menciona dos años.
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3. Sin informe de costos y alcances. Economistas advierten que aún no es posible sacar el costo total del acuerdo. “Dado que el acuerdo está suscrito por Hacienda, habría sido útil que se pusiera un informe técnico que indicara el alcance del acuerdo y los costos hacia adelante” señala David Bravo, director de Centro UC de Encuestas y Estudios Longitudinales. El informe financiero del proyecto de ley solo se conocerá una vez que el Gobierno presente el documento en el Congreso.
- El documento señala que se considera a los funcionarios a contrata subsecretarías, servicios públicos dependientes de los ministerios, delegaciones presidenciales, universidades estatales y municipalidades.
- El presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, Gustavo Alessandri, calificó de irracional la medida y que afectará la calidad de los servicios.
4. Cerca de 380 mil beneficiados. Según David Bravo, “el acuerdo rigidiza el estatus de contrata de casi 380 mil personas que están en el sector público”.
- Solo en el Gobierno Central, para un total de 534.807 personas contratadas, 294.145 tienen estatus de contrata
- El total se suma a los 245 mil funcionarios a planta, en los cuales ya existe rigidez para que sean desvinculados.
5. Tensa relación con nuevo gobierno. El senador electo Arturo Squella, presidente del Partido Republicano, y principal asesor de Kast, advirtió que se dinamita la confianza entre el gobierno entrante y el saliente y va contra las señales de acercamiento que se dieron en los primeros días tras las elecciones.
- El hecho complica la política anunciada por Kast en campaña de hacer recortes en el aparato público. En el oficialismo han advertido que se suma a otras acciones del gobierno de Boric como hacer llamados a concurso o llenar cargos públicos en las semanas antes que deje La Moneda.
- Por ejemplo, el gobierno acaba de designar como primera directora del Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de Víctimas a la abogada Patricia Muñoz, pese a que deberá estar al menos 6 meses con licencia por embarazo.
6. Operadores políticos: Las bancadas de la UDI y Republicanos dijeron que la medida es un intento para afirmar a operadores políticos o activistas del gobierno. “Si alguien quiere amarrarse a un cargo que se cuide”, señaló este viernes José Antonio Kast.
- Grau y Vallejo realizaron vocerías señalando que no se trata de un “amarre” sino que se busca evitar despidos arbitrarios y que es un antiguo anhelo de los funcionarios públicos, debido a la inestabilidad que enfrentan cada cambio de gobierno.
- El presidente de la ANEF José Pérez, dijo que en el primer gobierno de Piñera fueron desvinculados 11 mil funcionarios.
- Vallejo afirmó que los asesores o personas de confianza política “obviamente, van todos a presentar su renuncia”.
- El problema, según los expertos, no son las personas de confianza política del primer escalón, sino la gran cantidad de personas de menor rango que entran a los gobiernos sin tener las calificaciones y después permanecen.
7. Estatuto administrativo. La principal crítica entre los técnicos es que una norma sobre empleo público, así como la confianza legítima, debería ser discutida con una reforma al Estatuto Administrativo y no a través del reajuste al sector público.
- El proyecto de ley de reajuste al sector público ha servido históricamente para incluir otros temas para solucionar políticas públicas. Fue el caso de 2023 cuando se incluyó la modificación en el Indicador de Costos de la Salud, una indicación para el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil y se extendió el plazo del Bolsillo Familiar Electrónico.
8. Fricción oficialista. La sorpresiva medida del gobierno generó también debate al interior del oficialismo. El diputado PS Marcos Ilabaca manifestó su rechazo. “No creo que sea correcto en este proceso tratar de ponerle cortapisas al Gobierno que viene respecto a facultades que en derecho ellos poseen. Veo muy difícil que a través de este acuerdo se logren establecer requisitos adicionales a lo que el propio Estatuto Administrativo y la legalidad hoy día presenta”, afirmó.
- Aunque probablemente sea rechazada, la norma apunta a las bases de apoyo del gobierno de Boric y fue respaldada por el FA.
- Su rechazo va a agitar las demandas de las organizaciones de funcionarios públicos en vísperas del cambio de gobierno.
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