Un contrato roto. En 2021, Movitec tras ganar una licitación, se adjudicó un contrato con Codelco por US$242 millones para retirar 125 millones de toneladas de tierra y hacer 20 kilómetros de camino en el proyecto Rajo Inca de la División El Salvador.

  • Para realizar el proyecto trajeron camiones bielorrusos Belaz, poco habituales en la minería chilena.
  • Tras diversos incumplimientos y retrasos y la muerte accidental de un trabajador, Codelco decidió cortar el contrato con la firma. El caso pasó a arbitraje regulado por la Cámara de Comercio de Santiago.
  • La empresa comenzó a hacer lobby en distintas instancias y también presentó recursos en la Corte de Apelaciones de Copiapó para recuperar sus maquinarias y boletas de garantía que había dejado a Codelco por US$20 millones. Sin embargo, el tribunal de alzada no les dio la razón.
  • Entonces el consorcio bielorruso Belaz Movitec SpA acudió a la Suprema.

Vivanco y los abogados. La firma fue representada por los abogados Eduardo Lagos, Mario Vargas y Gabriel Silber. El 28 de junio de 2023 presentaron un recurso de protección contra Codelco que el 30 de junio se asignó a la Tercera Sala que presidía como subrogante Ángela Vivanco.

  • Aunque no se encontraba en la cuenta del día, durante la misma jornada la sala acogió el recurso y llegó a acuerdo sobre el fondo, fallando contra Codelco. Esto, pese a que el expediente de primera instancia contaba con más de 3o0 páginas y este tipo de tramitaciones puede tardar meses.
  • El 4 de julio se publicó la sentencia, donde los jueces Vivanco y Mario Carroza -además de las abogadas integrantes Leonor Etcheberry y María Angélica Benavides- revocó lo dispuesto por la Corte de Apelaciones de Copiapó y dictaminó que Codelco debía restituir de inmediato las garantías y maquinarias de la empresa. Votó en contra la jueza María Cristina Gajardo.
  • Según busca demostrar la fiscal Carmen Gloria Wittwer, el mismo día de la sentencia, en horas de la tarde la ex ministra Vivanco habría concurrido a la oficina de los abogados Lagos y Vargas, donde le habrían hecho un pago de US$15.600.

El error. El entonces presidente de la Corte Suprema, Juan Eduardo Fuentes Belmar señaló en un oficio que se cometió un “error involuntario de transcripción” al no incluir en la vista de la causa la frase “Dése cuenta del Recurso en la Tercera Sala de esta Corte”. Al final de la tabla del 30 de junio se agregó, en una versión corregida, la causa “Consorcio Belaz Movitec Spa/Codelco Chile” (sic).

  • Debido a esto los abogados de Codelco, Raimundo Labarca y José Manuel Concha, presentaron un recurso de nulidad sobre el dictamen argumentando que “demuestra, de manera inequívoca, que el día 30 de junio de 2023, no se había ordenado dar cuenta de la apelación, trámite que sólo fue ordenado mediante la resolución “rectificatoria”. Por lo mismo, la cuenta de la apelación y la adopción del acuerdo, nunca pudieron haber tenido lugar”.
  • El 5 de julio, la Tercera Sala, esta vez presidida por el juez Sergio Muñoz e integrada por las ministras Vivanco y Adelita Ravanales, y los abogados integrantes Pedro Aguila y María Angélica Benavides, rechazaron el incidente de nulidad.

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En casa de la jueza. El 13 de julio, la empresa bielorrusa acusó de desacato a Codelco por solo transferirles $6,9 mil millones, de los $12 mil millones que debían devolverles. Codelco respondió que la denuncia era temeraria, ya que nunca la Corte fijó un monto. Luego transferirían otros $4,4 mil millones.

  • El 2 de agosto la Corte de Apelaciones de Copiapó resuelve no a lugar una solicitud de Belaz Movitec de que los costos de desmovilización y retiro de maquinarias ascendentes a $4 mil millones extra debían ser pagados por Codelco, por no haberse establecido expresamente dicha obligación en el fallo de la Corte Suprema.
  • El 8 de agosto de 2023, Belaz Movitec, presentó un recurso de reposición con apelación subsidiaria en la Corte de Apelaciones. Según determinó un informe policial en la investigación penal los teléfonos celulares de los abogados de la empresa Eduardo Lagos y Mario Vargas figuraban la tarde de ese día en el domicilio de la jueza Ángela Vivanco y su pareja Gonzalo Migueles en Las Condes.
  • Incluso se estableció que el recurso de reposición fue redactado y firmado en la casa de Vivanco, ya que los abogados estamparon su firma digital en la plataforma del Poder Judicial a las 23:44 horas, cuando estaban en ese domicilio
  • La Corte de Apelaciones volvió a fallar contra la empresa bielorrusa.
  • El 14 de septiembre Vivanco, Migueles, Lagos y Vargas nuevamente coincidieron en el domicilio de Las Condes. Lo que según la tesis de Fiscalía, tendría relación con la acción judicial que sería interpuesta el 21 de septiembre ante la Corte Suprema. Un recurso de aclaración, rectificación y enmienda, respecto a la sentencia, para que no exista duda que Codelco debía restituir las especies muebles y asumir los costos de desmovilización.
  • El 28 de septiembre, los jueces Vivanco, Carroza, Diego Simpertigue y los abogados Benavides y Enrique Alcalde, fallaron a favor de los bielorrusos.

Nueva derrota. Codelco interpuso un recurso contra de la resolución, solicitando dejarla sin efecto, argumentando que la Corte Suprema no aclaró el punto oscuro de su sentencia del 4 de julio, sino que la modificó sustancialmente.

  • La causa fue asignada a la sala de Vivanco que declaró “no ha lugar” por improcedente la reposición.

La ruta del dinero. El 11 de diciembre Codelco transfirió al Consorcio Belaz-Movitec SpA la suma de $4.415.816.192.

  • La indagación de Fiscalía ha hecho una trazabilidad del dinero desde el pago de Codelco a la empresa y luego de la empresa a la oficina de abogados Lagos Vargas & Silber Asesorías Legales, que recibió un abono de $198.711.729, por sus servicios.
  • La oficina giró un cheque a nombre de Cristian Pizarro Cornejo, cuyo padre Harold Pizarro lo cobró para luego entregar a la oficina de abogados US$70.000
  • La investigación apunta a que la pareja de Vivanco visitó el estudio de abogados el 18 de diciembre “por lo que no se descarta que el beneficiario final de los 70.000 USD, haya sido el investigado Migueles”, dice el informe policial.
  • Se respalda en el uso de dólares que hizo la pareja de Vivanco, sus operaciones bancarias, viajes al extranjero, y conversaciones de WhatsApp en una de las cuales señala “compramos muchos dólares, entonces me interesa meterme en el negocio de los dólares”.
  • El caso es investigado por eventuales delitos de tráfico de influencias, cohecho, soborno y lavado de activos.
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