“Inexcusablemente negligente”. “Falta y abuso en el desempeño de sus funciones”, dice la queja disciplinaria interpuesta por el fiscal jefe de alta complejidad de Antofagasta, Eduardo Ríos, contra el juez de garantía de esa región Hans Durán.
- Según señala el documento, adjunto al final de esta nota, el magistrado no fundamentó debidamente sus resoluciones en el caso ProCultura, donde acogió la solicitud de la defensa del gobernador Claudio Orrego de trasladar la causa desde Antofagasta al 7°Juzgado de Garantía de Santiago.
- El mismo juez, además, rechazó el levantamiento del secreto bancario de personas ligadas a la cuestionada fundación, como la fundadora, Patricia Ilonka; la directora de Estudios, María Teresa Abusleme; la miembro del directorio María Eugenia Sabbagh y el padre del psiquiatra Alberto Larraín Salas, Alberto Larraín Lohmayer.
- “Estimamos que el juez lejos de actuar de acuerdo con su investidura, lo ha hecho de un modo disciplinariamente indebido y, por tanto, inaceptable para sus funciones, siendo inexcusablemente negligente en el cumplimiento de su deber”, señala el documento, que deberá ser revisado por el pleno de la Corte de Apelaciones de Antofagasta.
20 minutos. El 4 de septiembre, Fiscalía presentó a la Corte de Apelaciones la solicitud de desafuero de Orrego. Sin embargo no pudo tramitarse debido a que la defensa del gobernador -representado por el abogado Ciro Colombara-, pidió el traslado de la causa desde Antofagasta a Santiago, argumentando que el convenio entre el Gore y ProCultura se efectuó en la capital.
- El juez Hans Durán, falló a favor de Orrego, declarando la incompetencia del tribunal. Además condenó en costas al Ministerio Público.
- Según Fiscalía “la citada resolución contiene alrededor de 3.000 palabras, la que luego de un debate oral respectivo, fue redactada en poco más de 20/30 minutos, lo que podría explicar las faltas y abusos indebidos que se pasan a relatar, si se tiene en cuenta que para un usuario avezado la redacción, esquematización, fundamentación y revisión final de esta resolución habría tomado aproximadamente 4 a 6 horas”.
- En el dictamen, Durán señala que “no resulta jurídicamente atendible que el nuevo fiscal designado pretenda desconocer los actos procesales de su antecesor, quien reconoció expresamente la competencia de un tribunal diverso, y que hoy, invocando una supuesta conveniencia, intente alterar un acto propio sin sustento normativo ni respaldo fáctico razonable”.
- Sin embargo, según el Ministerio Público, el fiscal Ríos nunca dijo aquello, por lo que presentó un recurso de rectificación o enmienda.
- “Estas afirmaciones incorporadas de manera arbitraria por el Tribunal tienen un carácter sustancial, atendido que son parte principal del fundamento de lo resuelto y, a su vez, sirven de sustento para rechazar nuestras alegaciones, constituyendo falacias argumentativas que llevan al yerro judicial”.
LEE ESTE ARTÍCULO Y OTROS EN EL SIGUIENTE ENLACE
Costas y secreto bancario. Según Fiscalía, las actuaciones han sido efectuadas “de forma abusiva y arbitraria”, ya que la resolución presenta “argumentos con posiciones disímiles y contradictorias, haciendo con ello imposible sostener una única conclusión válida, contradiciendo de esa manera el discurso interno, o también entregando argumentaciones erráticas sin sustento y carentes de racionalidad”.
- En particular menciona que el dictamen del juez Durán “carece de la coherencia lógica interna propia de una resolución judicial, que derivó
en una condena en costas arbitraria e injusta”. - Señalan que no procede la condena en costas, ya que no fue el Ministerio Público el que presentó la incidencia de cambio de tribunal.
- Sobre el rechazo al levantamiento del secreto bancario, afirman que el 10 de octubre de 2025, el juez resuelve que “no existiendo causal de reserva legal y sin que la naturaleza de la diligencia permita presumir que dicha circunstancia resulta indispensable para su éxito, no ha lugar.”
- Sin embargo “en este punto el Sr. Juez omite que dentro de los delitos investigados se encuentra el delito de Lavado de Activos que precisamente regula el secreto de la investigación de los delitos de lavado y blanqueo de activos. La decisión no solo implica una infracción a una norma expresa para este tipo delitos, con las implicancias procesales que esta puede tener”.
El caso ProCultura. Orrego está imputado (aunque no formalizado) por fraude al fisco, por el traspaso de $1.690.388.000 que el Gobierno Regional hizo a ProCultura en 2022 —en su gran mayoría del programa para prevenir suicidios Quédate—, pese a que la fundación carecía de experiencia en el área. De estos, $1.010 millones no fueron restituidos.
- A esto se agrega que los traspasos ocurrieron luego de que el Consejo Regional aprobara la propuesta de Orrego de nombrar a Larraín director ad honorem de la Corporación de Desarrollo presidida por el mismo gobernador. Larraín era cercano a Orrego y trabajaban juntos desde la Municipalidad de Peñalolén.
- El gobernador enfrenta un proceso de remoción en el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel), tras una petición de consejeros de oposición, por diversas causas como la investigación por un coaching destapado en junio por Contraloría, que detectó el traspaso de $31 millones del Gore a la consultora Vera y Asociados para un servicio que incluyó al menos 16 sesiones con temas relativos a su campaña para la reelección.
- Orrego ha asegurado ser inocente de todas las acusaciones.
- La causa ProCultura es encabezada actualmente por el Fiscal Regional de Antofagasta Juan Castro Bekios, tras pasar por sus pares de Coquimbo y Aysén. En la carpeta se investigan contratos de la fundación de Alberto Larraín con organismos públicos en siete regiones.
