Lo nuevo. Al tercer día de la crisis por la rebaja de condenas a 56 sentenciados por delitos sexuales contra menores, visada por Justicia entre marzo y septiembre, La Moneda cambió de libreto. Lo que el miércoles y jueves fue una defensa jurídica a cargo del propio ministro de Justicia, Fernando Rabat, se transformó este viernes en una operación política para blindarlo: el Presidente Kast reunió a los timoneles de los partidos oficialistas, el gobierno congeló la tramitación de los decretos que aún pueden detenerse, comprometió una salida legislativa con discusión inmediata y el subsecretario Gonzalo Arenas puso la confianza presidencial por delante.
- Todo, mientras la oposición prepara la que sería la mayor ofensiva contra un ministro desde que asumió Kast: una acusación constitucional.
Por qué importa. Hasta el jueves, ningún dirigente de los partidos de gobierno había salido a defender el criterio de Rabat, lo que cambió tras la cita de las 8.30 en La Moneda. La reunión estaba convocada para revisar las prioridades legislativas, pero el caso Rabat se tomó la conversación.
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- A la salida, el timonel republicano Arturo Squella calificó de “absurdo” acusar a un ministro por cumplir la ley y sostuvo que la firma de los decretos era el último paso administrativo de una decisión que toma una comisión. Guillermo Ramírez, presidente de la UDI, repartió la responsabilidad entre “la ley que no fue lo suficientemente clara” y los tribunales, descartó que el episodio justifique una salida y pidió discusión inmediata para el proyecto.
- Es el primer cierre de filas explícito del oficialismo en tres días. Hasta ahora, la señal que había dado el sector era la contraria: proyectos de ley para impedir nuevas rebajas y un senador republicano, Ignacio Urrutia, calificando la decisión de “inaceptable”.
El viraje. La decisión más relevante del día se comunicó poco antes de la reunión: el Ministerio de Justicia suspendió, de manera temporal y mientras avanza la agenda legislativa, la tramitación de los decretos de rebaja que todavía puedan detenerse.
- En su comunicado, la cartera habló de un “vacío legal” en la aplicación de las restricciones a los condenados antes de 2022. Supone un giro respecto de la línea que Rabat defendió durante dos días, respecto de que él no podía hacer otra cosa que aplicar la irretroactividad penal.
- La vía elegida es, por ahora, darle sino discusión inmediata a mociones parlamentarias que se han anunciado, además de estudiar un proyecto propio que modifique el procedimiento para obtener el beneficio de reducción de condena por conducta intachable y sus causales de exclusión.
- Para viabilizar esa agenda, Rabat ha conversado con la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), y con el presidente de la Cámara, Jorge Alessandri (UDI).
- El giro recoge el malestar que se había instalado en las propias filas oficialistas por la forma de comunicar del gabinete. La vicepresidenta de la Cámara, Ximena Ossandón (RN), lo resumió así: “Quien explica se complica”.
La ofensiva mediática de Rabat. El ministro asumió personalmente la vocería desde el miércoles: Mega y Tele13 Radio el jueves, Radio Duna este viernes. Su tesis fue siempre la misma: que aplicó una jurisprudencia “bastante generalizada” de la Corte Suprema.
- La defensa jurídica, sin embargo, tropezó. La presidenta de la Suprema, Gloria Ana Chevesich, no avaló la existencia de una doctrina asentada, y un fallo de febrero de 2026 validó que el ministerio negara el beneficio a un condenado de 2014.
La segunda vocería de Arenas. El subsecretario, en su segunda aparición desde que asumió el cargo, movió el eje. Donde Rabat había puesto la discusión legal, Arenas instaló la política: el gobierno no está contento con la rebaja de penas, es un gobierno anti delincuencia y protector de los menores, y el respaldo de Kast se sustenta en que el ministro cumplió la ley y la Constitución y ha sido proactivo para buscar la solución.
- Sumó un argumento de equivalencia: exhibió un decreto firmado por el exministro Jaime Gajardo (PC) y otro firmado por Rabat para sostener que el resultado fue “exactamente el mismo” y recordó que el beneficio existe desde 2003, bajo Ricardo Lagos.
- “Los procedimientos siempre se pueden hacer mejor…esto es una enseñanza, una lección”, dijo. Y cerró con la frase que La Moneda quería instalar: “El ministro Rabat cuenta con toda la confianza del Presidente de la República”.
Lo que no se resuelve. La suspensión no alcanza a los decretos ya ejecutoriados. Arenas fue explícito: esos casos “ya pasaron todo el trámite legal y por lo tanto la suspensión no procede”.
La amenaza opositora. Las bancadas de diputados del PS, PC, PPD, FA, PL y DC exigieron a Kast remover a Rabat, calificaron la respuesta del gobierno de “tardía, insuficiente e irresponsable” y anunciaron que iniciaron la preparación de una acusación constitucional. La definición se conocerá el miércoles 28, en una sesión especial de la Cámara en la que el ministro deberá dar cuenta del cambio de criterio.
- Todo apunta a que los votos dependerán del PDG y que solo en ese instante la izquierda adoptará una decisión.
- Se trata de la mayor ofensiva de la oposición contra un ministro desde que Kast llegó a La Moneda. Hasta ahora, el instrumento más duro que había usado era la interpelación, a la que fue sometido el canciller Francisco Pérez Mackenna. Nunca, en lo que va del gobierno, se había puesto sobre la mesa una acusación constitucional.
- La apuesta del gobierno es que la ley llegue antes que la acusación. La sesión del miércoles será la primera prueba de si el blindaje de hoy se sostiene en el Congreso.
