Lo nuevo. La resolución de una hora y 34 minutos que el juez Patricio Álvarez del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago pronunció el martes en el caso ProCultura -además de poner en duda el futuro de una de las principales aristas del caso Convenios- abrió un flanco con la contralora general de la república Dorothy Pérez.
- Esa noche rechazó la petición de la fiscalía de dejar en prisión preventiva -o en subsidio con arresto domiciliario- al siquiatra y cofundador de ProCultura Alberto Larraín y a otros tres imputados, que sólo quedaron con arraigo nacional.
- En su resolución cuestionó los supuestos por los cuales la fiscalía regional de Antofagasta formalizó por fraude al fisco a Larraín, a la representante legal de la fundación Constanza Gómez, a la directora de estudios Teresa Abuseleme y a su contraparte en el Gobierno Regional (Gore) Metropolitano, Evelyn Magdaleno.
- Entre sus argumentos estuvo su cuestionamiento a la calidad de funcionario público de Larraín, que dio origen al conflicto de interés planteado por la fiscalía con el gobernador Claudio Orrego (ex DC).
- Éste provenía del 8 de junio de 2022 cuando el Consejo Regional (Core) Metropolitano aprobó la propuesta del gobernador de nombrar a Larraín, director de la Corporación de Desarrollo de Turismo presidida por Orrego.
- Veintiún días después se autorizó la entrega a la fundación de $1.683.788.000 -en una sola cuota y sin licitación de por medio- para el programa para prevenir suicidios “Quédate”.
- De estos, quedaron sin ejecutar $1.015.283.548, tras el estallido del caso Convenios en 2023, que la fundación habría destinado para fines distintos a los del convenio, como pagar sueldos en otros proyectos.
Qué dijo el juez. “Otra complejidad (en la imputación) (…) dice relación con la calidad de funcionario público (de Larraín)”, dijo el juez. “(Las corporaciones de derecho privado) se rigen por el derecho privado y por lo tanto a su respecto entiendo que la Contraloría General de la República no puede hacer procesos de auditoría ni de control de estas corporaciones”.
La resolución que lo contradijo. El informe 265-2024, enviado el 16 de mayo de 2025 al gobernador Orrego, detalló una serie de irregularidades detectadas con la corporación regional, por las que inició un proceso administrativo en el Gore, mostrando que sí puede fiscalizarla por esa vía.
- “Se verificó que el Gobierno Regional Metropolitano aprobó y rebajó de su contabilidad, en particular de la cuenta contable N° 121.06.01.60, denominada Corporación de Desarrollo Territorial y Turismo, rendiciones de forma duplicada y triplicada por la suma de $1.848.631.7972”, dijo el documento.
- “(Esta) situación que evidenció la falta de supervisión por parte de las jefaturas que desempeñan un rol en estos procesos” y “constituye un riesgo financiero”.
- La Contraloría instruyó también la restitución de $170 millones, detallando que el Gore “deberá solicitar la restitución de los recursos rendidos, aprobados y rebajados duplicadamente relacionados a las facturas” que luego fueron enumeradas.
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Qué ha dicho Dorothy Pérez del Convenio. La contralora Dorothy Pérez había expuesto el 16 de diciembre de 2024 en la comisión investigadora del Caso ProCultura de la Cámara, entre otros puntos, sobre la acusación de conflicto de interés entre Larraín y Orrego.
- En la sesión, el diputado RN Andrés Longton le consultó: “¿Son elementos relevantes al momento de tomar una decisión respecto del otorgamiento de recursos, el que una persona haya trabajado con uno directamente en un cargo de confianza?”.
- Pérez contestó que la ley 18.575 sobre bases de la administración del Estado “señala que debe abstenerse uno frente a cualquier circunstancia que le reste imparcialidad y este es un elemento relevante a la hora de determinar si corresponde o no transferir recursos”.
- “Ahora, para pronunciarnos específicamente respecto de esta transferencia de recursos, de este punto, uno tiene que examinar una serie de elementos (…). Esto ha sido perfilado, a través de los años, por la jurisprudencia administrativa de la Contraloría, que ha ido dando marcos en qué casos se entiende que se vulnera esta norma, en qué casos no se entiende, y eso lo ve a la luz de tiempos, y conjugando con otras normas. Por ejemplo, hay otras normas que establecen plazos de abstención de dos años”.
- Pérez también cuestionó que se entregara el dinero a ProCultura en una sola cuota, luego de que Orrego planteara en la sesión previa que esto era una práctica habitual.
- Dijo que esto “vulnera los principios de control” que debe haber en las reparticiones públicas.
Por qué importa. La contradicción al argumento del juez adquirió relevancia ya que la fiscalía ingresará los próximos días su apelación a la resolución de Álvarez.
- Paralelamente, la fiscalía busca quitar el fuego legal al gobernador Orrego, para formalizar cargos en su contra en la causa. La audiencia de desafuero debe ser fijada por la Corte de Apelaciones de Santiago.
