Lo nuevo. John Carlos Cofré Allende —un condenado por estafa recluido en la ex Penitenciaría— impugnó la decisión de La Moneda de ampliar a todos los delitos la suspensión de rebajas de penas que el ministro de Justicia Fernando Rabat anunció el mes pasado para los casos de agresores sexuales de niños y adolescentes, en medio de la crisis por la que la oposición presentó una Acusación Constitucional (AC) en su contra.
- La impugnación fue realizada a través de un recurso de amparo ingresado este jueves ante la Corte de Apelaciones de Santiago. En éste, la defensa de Cofré Allende cuestionó el “retardo” de la cartera en decretar la reducción de su pena, pese a registrar un comportamiento “sobresaliente” en la ex Penitenciaría de Santiago, donde cumple una pena de cuatro años de cárcel.
- Este recurso se sumó a otro ingresado por un condenado por la violación reiterada de una niña en Villa Alemana, caso que verá la Corte Suprema luego de que la cartera apelara al fallo de la Corte de Apelaciones de Valparaíso que acogió su recurso de amparo.
- La ampliación de la suspensión de rebajas había sido informada este lunes por el vocero de gobierno Gonzalo Arenas, quien dijo que se había extendido el congelamiento del beneficio a la espera del resultado de la tramitación del proyecto de ley “Nunca Más”, que busca derogar la norma de 2003 que permite que reducir las penas a los condenados que tengan buena conducta en prisión.
- “Ante las nuevas circunstancias en las cuales el gobierno se comprometió a apoyar el proyecto de ley de los senadores (Arturo) Squella (Rep.) y (Andrés) Longton (RN) de eliminar completamente la ley, es que el ministro también ha sumado la decisión de parar cualquier decreto, desde el jueves anterior, en esta materia”, dijo Arenas. “(Esto), hasta que se resuelva cuáles van a ser las personas que estarán acogidas a la ley general y no sólo a la excepción por delitos sexuales contra menores”.
- Esta excepción provenía de la ley promulgada en 2022 por el expresidente Sebastián Piñera, que excluyó del beneficio de reducción de pena a los condenados por delitos sexuales contra menores de 18 años.
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La apuesta presidencial. La ley “Nunca más”, comentan altas fuentes de gobierno, se ha convertido en la salida institucional a la crisis por la que apuesta La Moneda y el Presidente Kast, independiente del resultado de la AC contra el ministro Rabat que la oposición ingresó este jueves.
- La iniciativa ha generado controversia por proponer eliminar lo que, al promulgarse la ley en el gobierno del expresidente Ricardo Lagos, fue visto como un mecanismo de reinserción social.
Qué dijo el recurso. “El amparado John Carlos Cofré Allende fue condenado con fecha 31 de enero de 2025, por el Tercer Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago (…), a una pena efectiva de cuatro años de presidio menor en su grado máximo como autor del delito de estafa (…), cometida en la ciudad de Santiago, entre los meses de diciembre de 2020 a mayo de 2021”, dijo el texto.
- Conducta sobresaliente. “Durante el cumplimiento de su sentencia, el amparado ha mantenido una conducta sobresaliente como podrá dar cuenta Gendarmería de Chile en los informes respectivos”.
- Beneficio. “En agosto de 2026 se le informó al amparado que, por aplicación de la ley N°19.856 se le redujo la condena, considerando el descuento de 2 y/o 3 meses por año de reclusión. Según lo que se le informó, se determinó que el cumplimiento de ésta quedará fijado para el día 16 de octubre de 2026”.
- Decreto. “No obstante ello, con esta fecha mi representado sigue privado de libertad en el Centro de Detención Preventiva – Ex Penitenciaría de Santiago, puesto que, el decreto que debe dictar el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que ha de reconocer los meses de rebaja otorgado por la Comisión de Reducción de condena y, consecuentemente, otorgarle la libertad anticipada aún no ha llegado”.
- Privación. “Lo anterior constituye una privación ilegal de la libertad personal del amparado, teniendo presente el contenido del artículo 4 de la ley n°19.856 “Artículo 4º”.
- Coyuntura. “Hay que tener presente que el probable fundamento del retardo o negativa a reconocer la rebaja de condena en beneficio del amparado tiene su fundamento en el hecho fáctico, más no jurídico, de haberse suspendido por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos todos los decretados relacionados con la rebaja de condena a propósito de la coyuntura política que es de público conocimiento”.
La defensa del Ministerio de Justicia. En el recurso presentado ante la Corte Suprema por el caso del violador de Villa Alemana, el ministerio argumentó que ni la ley de 2003 ni su reglamento no establecen un plazo para que el ministerio dicte el decreto; que la cartera debe realizar un análisis antes de resolver y que, mientras esto ocurre, el acto jurídico que vale es la condena.
