"El ministro faltó a la verdad": Los detalles de la acusación constitucional contra Rabat por rebaja de condenas
Qué dice la AC contra el ministro Rabat - Aton
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Luego de dos semanas desde su anuncio, finalmente la oposición presentó la acusación constitucional contra el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, a raíz de las críticas por la rebaja de penas a 56 condenados por delitos sexuales contra menores de edad.
Adicionalmente, el libelo apunta contra las rebajas a tres condenados por crímenes de lesa humanidad y la entrega de supuesta información inexacta e incompleta que entregó al Congreso para justificarlas.
Desde la oposición acusan que el ministro Rabat cometió "infracciones evidentes" que dejaron sin protección a quienes la ley debe proteger.
Qué dice la acusación constitucional contra el ministro Rabat
En concreto, el libelo señala que abandonó el criterio que el Ministerio de Justicia sostuvo en dos administraciones; resolvió a favor del condenado, sin considerar a las víctimas, infringiendo la ley y atribuyó la decisión a otros, como a las comisiones, la Corte Suprema, la ley, el Congreso y el gobierno anterior.
Por otra parte, sostiene que el Gobierno "no ha hecho valer las responsabilidades", ya que si bien el Presidente José Antonio Kast reconoció el error, mantuvo al ministro Rabat en el cargo.
Sobre el rol del Ejecutivo, la acusación dice que el subsecretario General de Gobierno, Gonzalo Arenas, pidió a los partidos oficialistas no votar a favor de la acusación y el mandatario emplazó a la oposición a presentarla "cuestionando sus fundamentos".
Con respecto a la rebaja de condenas a agresores sexuales de niños, la oposición argumenta que el secretario de Estado concedió beneficios que la ley prohíbe, desatendió el interés superior del niño de acuerdo a la Constitución, cometió abuso de poder, se abocó a causas pendientes sin esperar la decisión de tribunales e infringió la ley por omisión.
Rebaja de condenas
El documento también tiene un apartado que hace relación a las rebajas a condenados por crímenes de lesa humanidad. Sobre esto, la acusación constitucional apunta a que no se realizó el examen individual que exige la Constitución y los tratados para evaluar si los condenados habían colaborado con la justicia, si reconocían los hechos, si contribuyó a la reparación de las víctimas y qué efectos tendría su salida sobre ellas.
Ante esto, Fernando Rabat, según la acusación, habría cometido las siguientes infracciones en su rol como ministro: omitió el estatuto que la Constitución le obliga a aplicar, concedió sin ponderación, se apartó sin explicación del criterio aplicado por el ministerio y no consideró a las víctimas.
Por último, el tercer capítulo sobre la falta de veracidad ante el Congreso e infracción al principio de probidad hace alusión a su defensa ante la Comisión de Constitución del Senado y la Sala de la Cámara. El libelo dice que "el ministro faltó a la verdad, entregó información inexacta y omitió antecedentes relevante", incumpliendo su deber de lealtad con la Cámara y con su deber de informar al Congreso.
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