Julieta Silva es el nombre de la mujer argentina que hace ya casi ocho años fue conocida en el país trasandino por protagonizar un caso de violencia intrafamiliar que terminó con la muerte de su en ese entonces pareja, el rugbista Genaro Fortunato, a quien atropelló a la salida de un bar de Mendoza.
Sin embargo, la mendocina (37) volvió a ser noticia, ya que actualmente permanece bajo arresto domiciliario tras cumplir una breve condena por homicidio culposo, ya que fue nuevamente detenida por golpear, privar de su libertad y hostigar a su nuevo esposo, Lucas Giménez.
El fiscal Fabricio Sidoti formalizó cargos por “privación ilegítima de la libertad agravada por el vínculo”, además de “lesiones leves” y “amenazas”, tras los hechos relatados por Giménez.
En su declaración indagatoria, Silva sostuvo que los episodios denunciados corresponden a "discusiones domésticas" y acusó a su esposo de extorsionarla. Según lo dio a conocer el medio argentino La Nación, la mujer aseguró que Giménez la amenazaba con mostrarles a sus hijos registros del caso Fortunato, hecho por el que estuvo casi cuatro años en prisión.
Su abogado, Roberto Castillo, respaldó esa versión y aseguró que Silva “fue víctima de extorsión, manipulación y hostigamiento psicológico, viviendo bajo la presión constante de perder a sus hijos”.
Además, explicó que la mujer se mantuvo en silencio en audiencias anteriores porque “el miedo y el chantaje la hicieron callar durante demasiado tiempo”.
Castillo también señaló que la situación judicial de Silva está "marcada por la estigmatización" derivada de sus antecedentes penales, que justamente tratan sobre casos de violencia contra sus parejas. Según indicó, incluso presentó denuncias contra Giménez por amenazas y violencia, pero estas fueron archivadas.
El antecedente que marcó la historia de la mujer argentina
El nombre de Julieta Silva quedó en la opinión pública argentina en 2017, cuando la madrugada del 9 de septiembre atropelló y mató a su entonces novio, Genaro Fortunato, tras una discusión a la salida de un bar en San Rafael, Mendoza.
El caso generó gran impacto mediático y concluyó en septiembre de 2018 con su condena por “homicidio culposo agravado”, que incluyó tres años y nueve meses de prisión, además de ocho años de inhabilitación para conducir.
Cumplió parte de la pena en la cárcel y el resto bajo arresto domiciliario, hasta obtener libertad condicional en 2020.
Hoy, Silva vuelve a estar en prisión domiciliaria, con monitoreo electrónico, mientras se desarrolla la investigación por la denuncia presentada por su esposo.
